ÍNDICE

• INTRODUCCIÓN
• PREÁMBULO OBLIGADO

• I. Cánovas del Castillo y la economía
• II. El lado económico del Desastre
• III. Triunfo pleno del proteccionismo con el Arancel Salvador
• IV. Maura o la racionalización del regeneracionismo
• V. La aparición de la política social, con el papel creciente de los socialistas de cátedra
• VI. La Gran Guerra y la economía española
• VII. Cambó y el triunfo del nacionalismo económico
• VIII. Una Dictadura keynesiana antes de la Teoría General (1923-1930)
• IX. La II República y sus cuatro mitos económicos
• X. La economía de la Guerra Civil
• XI. Cuándo surgió un modelo autofágico o de sustitución de importaciones
• XII. El Plan de Estabilización
• XIII. Un desarrollo económico con freno y marcha atrás
• XIV. La crisis de la Transición en la crisis económica general y el Pacto de la Moncloa
• XV. De Boyer a Solchaga con el epílogo de Solbes
• XVI. La entrada en el siglo XXI con el modelo Aznar-Rato-Montoro

• EPÍLOGO. La concienzuda preparación de una crisis

1

Ediciones Guía, Madrid 1951.

1

Cf. Emilio de Diego, «España de 1898 a 1998. Un apunte de historia política», cap. II del vol. I del libro 1900-2000 Historia de un esfuerzo colectivo. Cómo España superó el pesimismo y la pobreza.

2

Cf. Johan Åkerman, Structures et cycles economiques, trad. de Beatrice Marchal y G. Augot, Presses Universitares de France, París 1957, t. I, parte I, p. 308.

1

Cf. Melchor Fernández Almagro, Historia política de la España contemporánea (Desde la Revolución de Septiembre hasta la muerte de Alfonso VII), Ediciones Pegaso, Madrid 1956, pp. 410-411.

2

Cf. Manuel Moreno Fraginals, Cuba/España. España/Cuba. Historia común, Crítica, Barcelona 1955, pp. 269.

3

Manuel Moreno Fraginals, ib.

4

Se puede leer bajo ese título en Revista de España, 1888, n.^os 481 y 482.

5

Su exposición coherente se publicará en la obra de Schüller, Schtzoll und Freihandel, Wien 1905.

6

Se publicaron en dos tomos en cuarto, de 419 y 371 páginas.

7

Actas cit., t. I, p. 53

8

Actas cit., t. I, ib.

9

Actas cit., t. I, p. 54. La relación es, por supuesto, más amplia que la que se encuentra en Reivindicaciones de España, de Fernando María Castiella y José María de Areilza, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1941. Alguna vez habrá que volver sobre las auténticas fuentes doctrinales de inspiración de este libro, que tan mal se ha presentado casi siempre.

10

La reiteración de Borneo se debe al debate hispano-británico por los derechos respectivos en el norte de Borneo y en Joló. El 7 de marzo de 1885 España renunciaría en protocolo con Gran Bretaña a sus derechos en Borneo a cambio de una renuncia paralela del Reino Unido en Joló; véase Luis E. Togores Sánchez, «Conflictos con Inglatera a propósito de las Islas de Borneo», en Estudios sobre Filipinas e Islas del Pacífico, AEEP, Madrid 1989.

11

Actas cit., t. I, p. 58.

12

Actas cit., t. I, p. 59.

13

Actas cit., t. I, p. 64.

14

Actas cit., t. I, p. 65.

15

Actas cit., t. I, p. 67.

16

Actas cit., t. II, p. 245.

17

Actas cit., t. II, p. 248.

18

Actas cit., t. II, ib.

19

Actas cit., t. II, p. 250.

20

Actas cit., t. II, p. 251.

21

Actas cit., t. II, ib.

22

Actas cit., t. II, ib.

23

Actas cit., t. II, p. 252.

24

Actas cit., t. II, p. 253.

25

Actas cit., t. II, pp. 253-254.

26

Actas cit., t. II, pp. 254-255.

1

El mejor análisis de la obra hacendística de Raimundo Fernández Villaverde aún continúa siendo la de Gabriel Solé Villalonga, La reforma fiscal de Villaverde, 1899-1900, Editorial de Derecho Financiero, Madrid 1967.

2

Cf. Luis Olariaga, La política monetaria en España, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid 1933, p. 93.

3

Cf. Luis Olariaga, op. cit., p. 95.

4

Cf. Luis Olariaga, op. cit., p. 96.

5

Las series de minerales se contienen, por una parte, en el volumen Estadísticas básicas de España. 1900-1970, Confederación Española de Cajas de Ahorros, Madrid 1975, pp. 186-187 y 192-197; en carbón y hierro enlazan perfectamente estas series con las de «La Industria» de Albert Carreras, en el volumen Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, coordinación de Albert Carreras, Fundación Banco Exterior, Madrid 1989, pp. 194-195 y 201-202; sin embargo no sucede así con las demás. Me parece que la serie más completa es la de las «Estadísticas básicas de España», cit., que comenta, para las series de los minerales de cinc, cobre, estaño, manganeso, mercurio y plomo, que «son de las más completas» y que «no existen lagunas importantes, aunque sí modificaciones en el criterio de clasificación de los datos». Debe tenerse en cuenta que la serie de carbones de Albert Carreras, sin señalar nada, elimina el lignito; por tanto, para homogeneizar, se hace así. De todas formas, la producción de lignito en el período fue tan pequeña —oscila entre 47.934 toneladas en 1901 y 138.396 toneladas en 1913 según «Estadísticas básicas... » y entre 26.000 y 277.000 para ambas fechas según «Estadísticas históricas...»— que da la impresión de que encubren, con su diferencia, algún tipo de conversión en TEC, porque en antracita y hulla, 1 TEC ~1 tm, y en lignito, 1 tm ~0,5 TEC. La serie de producción de piritas, desglosada, procede de «Estadísticas básicas...», pero como la serie se inicia en 1901, los datos de 1885 y 1900 se toman de «Estadísticas históricas...» y se asignan a «piritas de cobre», porque las de hierro tenían entonces una significación minúscula: en 1901 un 1,3%.

6

Cf. Román Perpiñá Grau, Memorándum sobre la política del carbón, CEEV, Valencia 1935.

7

Cf. Rafael Anes, «El Banco de España 1874-1914: un Banco nacional», en La Banca española en la Restauración, vol. I.

8

La protección se dirige a ciertos bienes concretos; la inseguridad de los índices de precios en cuanto señal de los de movimiento de los de cada mercancía concreta, y más en los de entonces, motiva que ni se pueda hablar del modo rotundo que señalan Maluquer de Motes y Prados de la Escosura, en sentido de complemento proteccionista, ni en el ofrecido por Marcela Sabaté, de crítica radical a esta postura. Debe continuarse esta difícil investigación para dilucidar si existe convergencia, o no, entre política arancelaria y movimientos del cambio. Creo que alguna convergencia hubo, y no sólo en los años de caída más exagerada de la peseta. Véase, como punto de arranque de esta posible polémica, el artículo de Marcela Sabaté Sort, «Tipo de cambio y protección en la economía española de principios de siglo», en Revista de Economía Aplicada, primavera 1993, vol. 1, n. 1, pp. 67-86.

9

La base estadística procede de Antonio Tena, «Comercio exterior», en Estadísticas históricas de España, op. cit., pp. 335 y 342-343. Naturalmente, estos saldos estimados nada, o poquísimo, tienen que ver con los oficiales, en los que se ampara esta perezosa afirmación del déficit sistemático de nuestra balanza comercial.

10

Cf. Melchor Fernández Almagro, Historia política de la España contemporánea. Regencia de doña María Cristina de Austria durante la menor edad de su hijo don Alfonso XIII, Ediciones Pegaso, Madrid 1959, t. II, p. 638.

11

En 1898, el Consejo de la Orden de la Francmasonería, dentro de la obediencia del Gran Oriente de Francia, difundió en las Logias un texto, reproducido en el Bulletin hebdomaire des travaux de la Maçonnerie en France, 29 de abril de 1898, en el que se incluía «la carta gráfica del aumento de los bienes inmuebles conocidos de las congregaciones religiosas desde 1881 a 1898... A partir de 1881, fecha de aplicación de los decretos denominados del 29 de marzo, los inmuebles ocupados por las congregaciones... han subido de 800 millones a 2 mil millones (de francos), teniendo sólo en cuenta bienes conocidos, porque si se tienen en cuenta los que retienen las congregaciones, se llegaría a los 10 mil millones...».

12

A mi juicio, el clima está bien recogido en Pierre Chevallier, Histoire de la Franc-Maçonnerie française, t. III, «La Maçonnerie: Eglise de la République (1877-1944)», Fayard, s.l., 1975, pp. 71-117.

13

Existe una literatura creciente sobre esto; por supuesto que en la trilogía La lucha por la vida de Pío Baroja aparecen buenas descripciones del fenómeno, más o menos endulzado en otra literatura para consumo burgués, como era el género chico. Lamentablemente, Fabián Estapé nunca nos ha proporcionado, a pesar de sus promesas, un trabajo sobre la situación económica encubierta por estas obras de nuestro mejor teatro musical.

14

Cf. su Ferrocarril, industria y mercado en la modernización de España, Espasa Calpe, Madrid 1989. Antonio Gómez Mendoza no ha detenido ahí sus trabajos sobre la historia de nuestros transportes.

15

Cf. sobre esto mi artículo «El profesor Bernis ante la economía española», en Revista de Economía Política, julio-diciembre 1960, vol. XI, n. 2, pp. 417-500.

16

Cf. Luis Olariaga, Escritos de Reforma. Antología de Luis Olariaga Pujana, edición e introducción de Juan Velarde Fuertes, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1992.

17

Cf. César Silió, «Vida y empresas de un gran español. Maura», en Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo XIX, Espasa-Calpe, Madrid 1934, p. 76.

18

Cf. Luis Antón del Olmet y Arturo García Carraffa, Los grandes españoles. Maura, Imprenta de «Alrededor del mundo», Madrid 1913, pp. 260-261.

19

Cf. Leandro Prados de la Escosura, Spain’s Gross Domestic Product, 1850 1993: Quantitative Conjectures. Appendix, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe 1995, Working Paper 95-06.

1

Para percibir el contexto en que se publica la serie de Azorín en El Imparcial, en un momento en que el hambre de 1905 golpeaba con fuerza, véase José María Valverde, Azorín, Planeta, Barcelona 1971, pp. 267-271. Valverde, como colofón, dirá que El Imparcial había lanzado una campaña sobre el hambre sin tocar su raíz social «y dejó en la estacada a su corresponsal cuando éste se atrevió a poner en cuestión el ‘sagrado derecho’ de la propiedad, llevando demasiado lejos un asunto que el periódico quería empezar a abandonar ya».

2

Cf. Documentos y trabajos de la Comisión extraparlamentaria para la transformación del Impuesto de Consumos, t. I, que comprende «Actas, Dictamen y Estados», Imprenta de Sucesores de M. Minuesa de Los Ríos, Madrid, s.a. [posterior a 1905 y anterior a 1909], Dictamen de la Ponencia, pp. 49-53 y 191-247.

3

Cf. Lucas Mallada, Los males de la Patria y la futura Revolución española, en la edición seleccionada, anotada y prologada por Francisco J. Flores Arroyuelo, Alianza, Madrid 1969, p. 19: «Y por todas partes, sea labriego o artesano, el bracero español se halla peor vestido, peor alimentado y peor albergado que cualquier otro europeo de igual condición social». La primera edición se publicó en 1890.

4

Cf. Antonio García Alix, El problema de las subsistencias. Informe del Ministro de Hacienda. Disposiciones que pueden adoptarse encaminadas a conseguir el abaratamiento de los artículos de primera necesidad, Imprenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Madrid 1905, folleto de 42 páginas. Considero, por el estilo y la colaboración que existía entonces entre ambos, que la redacción es del profesor Flores de Lemus. Antonio García Alix fue ministro de Hacienda, del 27 de enero al 23 de junio de 1905, en un Gobierno conservador presidido por Raimundo Fernández Villaverde.

5

En Documentos y trabajos, t. 5, op. cit., p. 11.

6

En Documentos y trabajos, t. 5, op. cit., pp. 10-11.

7

De esto me ocupé con cierta amplitud en mi libro Flores de Lemus ante la economía española, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1961, pp. 201-259.

8

En vísperas de la caída del marqués de la Vega de Armijo, escribía así Salvador Canals en La Charada política, en Nuevo Mundo, 3 de enero de 1907, quien tras aludir a que se barajaban para presidente del Consejo de Ministros los nombres «de Canalejas, de Moret, de Montero Ríos, de Echegaray...», añadía: «Semejante realidad, ¿qué enseña si no que es un desmedrado artificio todo esto que sostenemos y entretenemos como régimen parlamentario y de opinión... ? En cuanto a partidos, existe uno, y hasta pujante y poderoso... Ya porque noblemente se creía en esa necesidad de los dos partidos, ya porque esa necesidad se invoque como disfraz de crecerlos, lo cierto es que parece como que toda la política se subordina al deseo de crear partido liberal, pero sobre la base falsa de suponer que, prolongándoles a estos restos del viejo partido liberal la estancia en el poder, ensayándoles cada trimestre o cada semana un presidente, dejándoles tiempo y ocasiones para fortalecer sus caciquismos provincianos, se crea partido liberal o se puede llegar a crear partido liberal. ¡Vano empeño...!».

1

Publicado por primera vez en el grueso tomo Bodas de plata de «El Financiero». Libro conmemorativo del XXV aniversario de su fundación. 5 de abril de 1901-1926, pp. 405-414. El trabajo lo fechó Flores de Lemus el 9 de julio de 1926; después, con una pequeña introducción fechada en 22 de diciembre de 1926, se reimprimió en forma de folleto, con algunas variantes; su ficha es Antonio Flores de Lemus, profesor de Economía Política de la Universidad Central, «Sobre una dirección fundamental de la producción rural española», Imp. Sucesores de Rivadeneyra, Madrid 1926, 56 páginas. Esta versión se publicó en Moneda y Crédito, marzo 1951, n.° 36, pp. 141-168; esta revista lo publicó también como separata.

2

En su voluminoso Selección de artículos. Estudios económicos y financieros, Talleres Tipográficos «El Financiero», Madrid 1933, p. 153. Para entender del todo el talante de Maura, véanse los también siete voluminosos tomos de sus Dictámenes, seleccionados y clasificados por Miguel Maura Gamazo y José Romeo Valenzuela, Editorial Saturnino Calleja, Madrid 1929-1932. Conocido es su exquisito cuidado en sus actuaciones en el Foro, para que nadie pudiese decir que se empañaba la Sala con algo espurio derivado de sus actuaciones.

3

Aclara muchas cosas del pensamiento de Maura la colección de artículos y discursos de Antonio Goicoechea, Hacia la democracia conservadora, Talleres Tipográficos Stampa, Madrid 1914, y muy especialmente las pp. 99-109. Goicoechea era, entonces, presidente de la Juventud Maurista de Madrid.

4

Gaceta de Madrid, de 8 de enero de 1908.

5

Gaceta de Madrid, de 17 de enero de 1908.

6

Gaceta de Madrid, de 21 de abril de 1908.

7

Gaceta de Madrid, de 17 de junio de 1909.

1

Gaceta de Madrid, de 1 de enero de 1909.

2

Gaceta de Madrid, de 25 de junio de 1909.

3

Gaceta de Madrid, de 25 de febrero de 1908.

4

Gaceta de Madrid, de 26 y 27 de enero de 1908.

5

Gaceta de Madrid, de 23 de marzo de 1909.

6

Gaceta de Madrid, de 7 de marzo de 1908.

7

Gaceta de Madrid, de 30 de enero de 1909.

8

Gaceta de Madrid, de 23 de julio de 1907.

9

Gaceta de Madrid, de 1 de noviembre de 1907.

10

Gaceta de Madrid, de 5 de junio de 1907.

11

Gaceta de Madrid, de 15 de diciembre de 1907.

12

Gaceta de Madrid, de 22 de diciembre de 1907.

13

Gaceta de Madrid, de 28 de febrero y de 1 de marzo de 1908.

14

Gaceta de Madrid, de 28 de enero de 1909.

15

Gaceta de Madrid, de 30 de enero de 1909.

16

Gaceta de Madrid, de 20 de mayo de 1908.

17

Gaceta de Madrid, de 28 de abril de 1909.

1

Cito por su edición en The collected writings of John Maynard Keynes, t. II, The Royal Economic Society, London 1984.

2

Keynes, op. cit., pp. 148-149.

3

Keynes, op. cit., p. 169.

4

Cf. Elena San Román, Ejército e industria: antecedentes de la autarquía económica en la España contemporánea. Gestación y nacimiento del Instituto Nacional de Industria, UCM, Facultad de Historia, Departamento de Historia Contemporánea, Madrid 1998, tesis doctoral.

1

En Catalanismo y República, Espasa-Calpe, Madrid 1932.

2

Gaceta de Madrid, de 3 de marzo de 1917.

3

Es muy significativa la inclusión de Crefeld y Roubaix, ciudades de poco peso, en esta exposición.

4

Imprenta de Isidoro, Madrid 1916.

5

Ariel, Barcelona 1967.

6

En Sociedades de promoción de empresas en Alemania, Talleres Tipográficos de «El Financiero», Madrid 1929.

7

Según el Anuario Ibáñez de 1941.

8

La General Electric norteamericana creó en 1892, como filial en Alemania, la Union Elektrizitäts Gesellschaft. Gesfuerel era, a su vez, una filial de Union. Al recibir el apoyo de Ludwig Loewe AG, se convirtió en Gesfuerel-Loewe. Union y Gesfuerel fundaron en Bruselas la Sociétè Financiére et d’Entreprises Industrielles, SOFINA. AEG pasó a controlar a Union, que fue absorbido por la primera en 1904. En 1904 AEG puso a la cabeza de SOFINA a Dannie Nusbaum Heineman. SOFINA, poco a poco, a través de una serie de maniobras de los Rathenau, Owen D. Young —el autor del Plan Young— y Heinemann, se convirtió en un satélite más relacionado con General Electric que con AEG. SOFINA fundó en Bélgica, el 31 de enero de 1923, la Sociétè Internationale d’Energie Hydro-Electrique (SIDRO), que a su vez controlaba todo el grupo que en España encabezaba Barcelona Traction, Light &Power Company Limited (BT) constituido por Riegos y Fuerzas del Ebro, Spanish Securities, Catalonian Land, Productora de Fuerzas Motrices —entidad que no dominaba totalmente— y Ferrocarriles de Cataluña. Sin tener en cuenta esto y lo sucedido respecto al nacionalismo argentino y el peronismo con el enlace CADE-CHADE, no se entienden bien muchos fenómenos de nuestra historia contemporánea.

9

Lo de la hiedra de la corrupción que sostenía las desjuntadas piedras es de Ramiro de Maeztu. Por aquel entonces era muy firme la amistad de estos dos grandes pensadores.

Capítulo VIII

UNA DICTADURA KEYNESIANA ANTES DE LA TEORÍA GENERAL (1923-1930)

El 13 de septiembre de 1923 se pone fin al mencionado conjunto de crisis surgidas después de la Primera Guerra Mundial, gracias a un nuevo planteamiento político, social y, por supuesto, económico. Desde este último punto de vista, sus características principales van a orientarse por el deseo de luchar contra una decadencia económica que parecía adherirse a muchos aspectos de nuestra vida. Este combate pasó a tener fuertes componentes de regeneracionismo, lo que impulsa al «cirujano de hierro», que creía ser Miguel Primo de Rivera, a despreciar la «mano invisible» hasta el nivel que fue denunciado así en 1929 por Antonio Flores de Lemus, cuando expuso en el Dictamen de la Comisión del Patrón Oro por qué en la etapa de la Dictadura se retraía el espíritu de empresa: «El progreso económico realizado en el mundo desde el último tercio del siglo XVIII es inmensamente más grande que el de toda la historia anterior de la Humanidad. Ese colosal avance se debe, en lo fundamental, al establecimiento de organizaciones económico-políticas basadas en la libérrima iniciativa de los empresarios. Se ha formado de este modo una psicología de los hombres directores de empresas que no admiten otra norma que su propia visión del negocio, ni más condición que la de hallarse dispuestos a tomar sobre sí las consecuencias de sus actos, cualesquiera que ellas sean... Acontece que ese espíritu se encoge y cohíbe si ha de someter sus iniciativas a instancias burocráticas o semiburocráticas. Es manifiesto... que desde la aparición del nuevo Ministerio de Economía hay en las decisiones correspondientes cierto espíritu liberal. Pero se trata de una cuestión de principios que no puede resolverse en un más o en un menos. Mientras la economía de la industria y del comercio se halle en régimen de expediente, como en los tiempos de decadencia del viejo mercantilismo, no se puede pensar que anime a los empresarios el espíritu que nació justamente de la abolición de aquel régimen».

En este sentido, bajo la Dictadura se creó un auténtico régimen de consorcios, permisos de instalación de nuevas industrias y monopolios múltiples, a lo que se unió una política obrerista basada en la colaboración con la UGT a través de los Comités paritarios, cuestión que también preocupaba a Flores de Lemus porque decía en el citado Dictamen que «en los mencionados Comités paritarios, órganos de la política social del Gobierno, se incuba a la hora presente la más grave lucha de clases de nuestra historia. Y esa grave aprensión y esos temores deprimen nuestro espíritu de empresa». De esta forma, continuaba Flores de Lemus en este alegato crítico que se desarrolló en ese famoso Dictamen: «Bajo esa doble presión —consorcios y permisos, por un lado, y comités paritarios, por otro—, el capital español que no se conforma con el papel pasivo de suscribir empréstitos, y aun una parte del que sólo aspira a renta fija, se filtra copiosamente por la frontera, y hace y hará, mientras esta presión persista, inadecuada la situación para resolver de plano el problema del cambio de la moneda», siendo esta debilidad de la peseta, visible en el cuadro 1 a partir de 1927, una consecuencia obligada.

Pero al mismo tiempo, la Dictadura mostraba una clarísima voluntad expansiva, para que este regeneracionismo, trocado en bienestar popular, mostrase sus ventajas a los españoles. Por supuesto, como muestra el cuadro 2, el déficit presupuestario marcará hasta 1929 cómo se financió esta expansión. Al mismo tiempo se rompió el principio de la unidad de caja, justificándolo con la indicación de que la Ley de Administración y Contabilidad del Estado, con sus trabas minuciosas, dificultaba la eficacia de una Administración moderna adecuada para acomodarse a los mandatos del regeneracionismo. Conviene señalar que tuvo una consecuencia inmediata: impulsar, libre de trabas, al gasto público. Pero también ha de añadirse que se acabaría suprimiendo el Tribunal de Cuentas, sustituido por el Tribunal Central de la Hacienda Pública, más parecido a una especie de Superintervención General que al viejo Tribunal, y pese a reducirse prácticamente el control al interno, tras las minuciosas investigaciones efectuadas en la época de la II República, no se encontró atisbo significativo ninguno de corrupción. Hacia dónde se dirigió la política económica de la Dictadura constituye un capítulo de éxitos populares que crearon una aceptación nada despreciable a su obra, que se iba a fundar en el conjunto de realidades que se producen en el período 1923-1930, y que esquemáticamente se dibujan en el gráfico 1, corroborando las cifras de los cuadros 3 y 4 sobre la expansión productiva lograda.

Las macromagnitudes básicas

Los principales sectores en que pasó a actuar la Dictadura fueron, de modo sintético, los siguientes:

1) Impulso al aprovechamiento integral de las cuencas hidráulicas. Como resultado de la reflexión que el aragonesismo regeneracionista había creado, sobre todo en Zaragoza y en núcleos de científicos —recordemos a José María Albareda— y técnicos, derivado del espíritu de Costa, surgió una idea brillante en el ingeniero de Caminos Manuel Lorenzo Pardo, que le llevó a criticar los simplismos del plan de riegos de Rafael Gasset, y a considerar que debía ponerse en marcha un «aprovechamiento integral» de las cuencas de los grandes ríos españoles, con la creación de las llamadas —recordemos el organicismo corporativista del krausismo y de Costa— Confederaciones Sindicales Hidrográficas. Logró Lorenzo Pardo, en la etapa de la Dictadura, el amparo político del conde de Guadalhorce, ministro de Fomento, y pasó esta nueva realidad a tener tres consecuencias muy importantes. La primera, generar un «regionalismo diferente». Esto, que crea alborozo en Manuel Lorenzo Pardo, al observar cómo con él se rompen las fronteras de las regiones históricas, causa pavor e irritación en Lluis Creus i Vidal, un catalanista de extrema derecha, quien estuvo después en una maniobra para confederar, de algún modo, a una Cataluña independiente con la Italia fascista. Creus i Vidal era un ingeniero que tenía preocupaciones políticas y económicas, que trabajaba para el grupo SOFINA-BT y que, por ello, colaboraba con Cambó. Este «aprovechamiento integral» ponía dificultades a la construcción de saltos de agua en las condiciones que deseaba BT, abastecedor fundamental de la electricidad para la industria catalana, y por tanto el catalanismo sentía un agravio doble: en el fuero, al ver cómo poblaciones de Lérida o Tarragona, sin ningún empacho, se entusiasmaban ante la capitalidad que había surgido en Zaragoza para toda esta expansión; y en el huevo, al perturbar los planes hidráulicos de BT, sobre todo en el Ebro. La segunda consecuencia era recoger un clamor de los regantes y de los agricultores para tener más posibilidades en el aprovechamiento de las aguas fluviales. La tercera era atisbar cómo aparecía una «democracia corporativa» muy activa, en la línea de la «democracia orgánica» o «democracia castellana», como hemos dicho de evidente regusto krausista, que como oposición a la creada por la Constitución de 1876, había sido defendido en Valladolid por Macías Picavea o en Salamanca por Miguel de Unamuno.

Sabido es que Argüelles primero y Álvaro de Albornoz después, éste por evidente influencia catalanista, destruyeron la obra de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas, pero ésta renació, como un calco ampliado de la idea española, gracias a David A. Lilientahl y Franklin D. Roosevelt, en el New Deal, con las Autoridades de los Valles de los ríos norteamericanos. La primera, la TVA, fue subtitulada por Lilientahl como «democracy on march». No es posible dejar de subrayar que todo esto se producía delante de un Ortega y Gasset que buscaba algo parecido en la serie de artículos en El Sol titulada «La redención de las provincias», y que dio la impresión de no percibir que lo tenía al alcance de la mano.

2) Ampliación de las infraestructuras y de las instituciones relacionadas con los transportes y comunicaciones. Cinco realidades nuevas aparecieron entonces en España y una hizo un pequeño amago de aparición. La primera, la construcción de una red de carreteras adecuada para el «estilo del petróleo» que entonces alboreaba, articulada en torno al Circuito Nacional de Firmes Especiales. La segunda, la estatificación del sector petrolífero —su título fue el Monopolio de Petróleos— que, dentro de un espíritu nacionalista muy radical, se comercializaría, gracias al impulso de Calvo Sotelo, y a causa de la tradición maurista expuesta por el vizconde de Eza, con la creación de la CAMPSA. La tercera nueva realidad fue la ferroviaria. Como ya se ha señalado, la crisis, a partir de 1890, había hecho presa en la red. Era necesario idear una nueva realidad. El Consejo Superior de Ferrocarriles y la Caja Ferroviaria hicieron posible, por un lado, comenzar a atajar los principales males que aquejaban a las compañías ferroviarias y, por otro, iniciaron la conversión hacia lo que puede calificarse de preludio de la RENFE. La cuarta fue la Compañía Telefónica Nacional de España. Se entendió que, si se quería dar un salto importante en las comunicaciones, había que aceptar el abandono del modelo nacionalista y estatista de los PTT franceses y aceptar una fuerte inversión en España de la ITT norteamericana, tanto para construir una red telefónica moderna y eficaz, como para producir el material preciso para la misma, a través de otra filial de ITT, denominada Standard Eléctrica, aunque se decidió que esta fabricación de los suministros tuviera que efectuarse en España, no importarse. La quinta fue la creación de la primera compañía de bandera de aviación para el funcionamiento de líneas aéreas comerciales permanentes. Una serie de expediciones aéreas coronadas por el éxito, que van desde el vuelo del Plus Ultra, de Palos al Plata, al Jesús del Gran Poder, movieron a publicar una nota oficiosa del Gobierno el 2 de abril de 1929, en la que se mezclaba a raudales orgullo patriótico con nacionalismo económico, al indicar que la orientación dada a la industria aeronáutica española por el Directorio militar era la de «la nacionalización industrial de aviones y motores», por lo que contemplaba «con satisfacción que, al cabo de cinco años tan sólo, son ya españoles la totalidad de los aviones, motores, magnetos, hélices, aparatos de navegación y, en resumen, que, en su casi totalidad, el dinero que el Estado y los particulares dedican a la Aviación, en España queda.... dando trabajo a varios miles de obreros». Por eso, agregaba, «este ejemplo abre el camino a la esperanza de otras nacionalizaciones a que el actual Gobierno dedica su atención constante, tales como la de la industria del automóvil, que hace salir de España, anualmente, más de cuatrocientos millones de pesetas, desde los que espera el Gobierno actual dejar reducidos a menos de la mitad, mediante las iniciativas de la Comisión del Motor y del Automóvil y la ayuda del ciudadano español que cesará, por patriotismo, en la preferencia que ahora otorga inconscientemente, en algunos casos, a la fabricación extranjera, que no hay razón para que no sea igualada por la nacional». En ese mismo clima debe situarse la publicación en la Gaceta de Madrid del 3 de febrero de 1929 de los Estatutos de la sociedad Concesionaria de Líneas Aéreas Subvencionadas S.A. (CLASSA). La actual IBERIA daba así sus primeros pasos. Finalmente, la realidad posterior en este terreno, que hizo sólo un amago de aparición, fue la de la Red Nacional de Energía Eléctrica, con un intento en abril de 1926 para «enlazar, con la intervención y protección del Estado, los puntos de producción hidráulica o térmica entre sí y con la zona o zonas de consumo».

3) Naturalmente que todo esto exigía combatir contra las tensiones surgidas en el exterior. La Dictadura nace con una curiosa acusación contra Alba. Ya hemos señalado de qué modo éste chocó más de una vez con el catalanismo. En el ambiente empresarial, en el que se movía Primo de Rivera cuando era capitán general en Barcelona, indudablemente se temió que, como ministro de Estado, Alba maniobrase para abrir la economía española, alterando las conquistas consolidadas con el Arancel Cambó. De algún modo se consiguió inflamar la reacción nacionalista ante esto del, a la sazón, capitán general de Cataluña. La que parecía actitud adecuada de éste frente a ello, una vez alcanzado el poder, no podía ser otra que reforzar el cierre de nuestra economía. Las subidas arancelarias intentaron afianzarse mediante una vuelta adicional al torniquete del proteccionismo integral. Muy probablemente, tras la polémica entre Gual Villalbí y Flores de Lemus, que tuvo lugar en la Asamblea Nacional en un debate célebre, se optó por aplazar «sine die» esta rectificación al alza en el Arancel Cambó de 1922. Por otro lado, el fomento de las exportaciones trató de afianzarse con la creación del Banco Exterior de España, cuyos Estatutos se aprobaron por una Real Orden del Ministerio de Hacienda publicada en la Gaceta de Madrid el 26 de julio de 1929. Todo se complicó cuando, como hemos visto en el cuadro 1, comenzó a descender a partir de 1927 la cotización de la peseta. Vista la situación con serenidad, es evidente que la opinión pública, a causa de las presiones de los revaluadores y los estabilizadores, no consideró en ningún momento que una suave caída del cambio era precisamente la garantía de no tener que cortar el desarrollo. Por decir cosas parecidas en Madrid, en 1930, Keynes fue insultado y acusado de torpes propósitos respecto a nuestra economía. El Gobierno fue arrastrado por esta cuestión, confundiendo los españoles caída del cambio y caída en la capacidad interior adquisitiva de la peseta, y bien puede decirse que la Dictadura no acertó a formular un modelo adecuado sobre el cambio y sobre el sector exterior.

4) Tampoco acertó a reformar el sistema tributario. La «rebelión de los terratenientes» mostró que el Gobierno no sabía mantener el principio de autoridad. A causa de eso, a Flores de Lemus le resultó muy fácil atacar el proyecto de ley de Rentas y Ganancias de 1926. Si iban a pagar casi exclusivamente los funcionarios públicos y poco más, ¿para qué complicarlo todo con este proyecto de personalización? Sin embargo, aun con todo eso, la presión tributaria subió del 9,34% del PIB en 1923 al 11,47% del PIB en 1929. En el cuadro 5 se observa hasta qué punto, respecto al PIB a precios del mercado, fue suave el déficit presupuestario. Por tanto, la pregunta que debe hacerse inmediatamente es la de si tenía sentido el enloquecimiento del Gobierno Berenguer para reducir el déficit.

Es preciso decir esto para explicar algo de lo sucedido en 1930, al caer la Dictadura, que se muestra con claridad en el gráfico 2. En el momento en que se disminuyó en virtud de la actuación contractiva la función del gasto total, no de DD a dd, sino mucho más, el PIB a precios de mercado, y la Renta Nacional disponible disminuyeron como muestra el gráfico 2, y automáticamente se desplomó el empleo y comenzó a aumentar la tensión social. Ésta no sólo provocó por segunda vez en nuestra historia la caída del régimen político monárquico, sino que generó tal desconfianza que no se consiguió que la peseta se mantuviese estable, o con una suave caída. Keynes lo había advertido al contemplar una serie de desatinos, concretamente por parte del Banco de España, decidido a no sacrificar para eso ni una onza de sus reservas de oro, al mismo tiempo que el ministro Argüelles iniciaba una especie de cruzada contra el déficit presupuestario. Esta especulación del Banco de España contra la peseta, para, de paso, con la caída de ésta mejorar su cuenta de resultados, que escandalizaba a los economistas, era aplaudida por la gente que creía en el «fetichismo del oro», como lo denominaba Olariaga. Se consideraba que, casi por arte de magia, el oro de los depósitos subterráneos del Banco de España en Cibeles mantenía el poder adquisitivo de nuestra moneda. El que después se llamaría «error Argüelles» ni siquiera fue interpretado entonces como tal por la opinión pública. Naturalmente Keynes no fue escuchado.

El esquema keynesiano de la Dictadura en la rectificación de Berenguer

5) Finalmente, define la política económica de la Dictadura una política de activo intervencionismo corporativo. Por supuesto que tal política, que como se ha expuesto había nacido con Maura, en algún grado recibirá, a partir de 1923, la influencia del corporativismo fascista. Recuérdese que sostenía José María Pemán, incluso, que había tenido algo que ver en esa actitud de la Dictadura la curiosa Constitución de Fiume.

En las normas programáticas de la Unión Patriótica —el movimiento político de apoyo a Primo de Rivera— se alude a que deben tener acceso al poder legislativo las representaciones corporativas y a que éstas no deben ocuparse de defender sólo los intereses de sus agremiados, sino que han de «resolver armónicamente las diferencias y conflictos que se susciten en la vida social», llegándose, para solucionar esto, «a la intervención en la producción nacional y en la venta de sus productos para evitar ruinosas competencias interiores».

El corporativismo, concretamente, se inicia desde la famosa R.O. que prohibió, por decisión de Primo de Rivera, el funcionamiento y montaje de fábricas de aceite de cacahuete por existir abundancia de aceite de oliva. Calvo Sotelo se da cuenta de la importancia de esta disposición al escribir que «de esa simple R.O. arranca el famoso Comité Regulador de la Industria», que nació precisamente por R.O. y se reglamentó por Decreto, y que tenía muy orgulloso al dictador. Primo de Rivera señalaba que con su acción, a través de los mercados del trigo, del alcohol vínico, del alcohol industrial, del carbón, de la resina, del plomo, de los productos textiles y del arroz, había impedido la crisis en estas actividades al par, añadía, «que mejorado la marcha, capitalización e incluso baratura de las industrias».

Este corporativismo, que se montaba muy al margen del que Aunós desarrollaba en el terreno de la política social, tenía otro primer antecedente colateral en la R.O. de 22 de noviembre de 1923 que reorganizaba la Comisión de Convenios Comerciales. La relación de «numerosos e importantes grupos de la producción nacional», como se alardeaba que aparecían en ella, para así controlar los acuerdos con otros países, es significativa respecto al mundo en el que entonces se movía Primo de Rivera: el Fomento del Trabajo Nacional, la Cámara de Industria de Barcelona, la Liga Vizcaína de Productores, la Junta Consultiva de las Cámaras de Comercio, la Cámara de Comercio de Madrid, la Asociación General de Agricultores de España, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, la Asociación de Ganaderos del Reino, la Liga Marítima Española, el Sindicato Católico de Obreros, la Unión General de Trabajadores y el Instituto del Comercio y de la Industria.

Pero era preciso coronar la obra. Por Real Decreto Ley de 8 de marzo de 1924 se creó el Consejo de la Economía Nacional, con el fin, decía el preámbulo, de que «en labor permanente afluyan todos los informes, intereses y anhelos de la producción y el comercio, dando a unos y a otros ocasión fácil y propicia de hacer oír sus aspiraciones y el fundamento estadístico de ellas, sin que en este aspecto se les confíe exclusivamente la aportación de datos». Su ámbito se amplía, al reorganizarse por R.D. Ley de 16 de noviembre de 1927, cuando se señala, en el artículo 1, que sus fines serían: «a) Unir en estrecha solidaridad todas las fuerzas productoras de España. b) Servir los grandes intereses colectivos. c) Marcar las orientaciones de la política española en lo que al comercio exterior se refiere (habría que añadir que en toda la Dictadura planeó el espectro de lo que los catalanes creían que había maquinado Alba). d) El anotar un ‘sentido nacional de economía’ y facilitar, en la gestión del Gobierno, la realización de una política definida, adaptándose sus funciones a las realidades de una economía genuinamente española», añadiendo que tendrá el Consejo «a su cargo todas las funciones referentes a la defensa de la producción española».

Por R.O. de 4 de noviembre de 1926, en el seno del Consejo se creó el Comité Regulador de la Producción Industrial. En su artículo 2.º se podía leer: «A partir de la fecha de publicación de la presente R.O. en la Gaceta de Madrid, no se podrá constituir Sociedad o negocio industrial alguno, ni ampliar o trasladar sus instalaciones ya existentes, sin la debida autorización del Comité». He ahí cómo resurge «el retorno triunfal al régimen de expediente», que los movimientos políticos burgueses creían haber arrumbado para siempre en el siglo XIX, tal como hemos visto que explicó el Dictamen de la Comisión para la Implantación del Patrón Oro. Por otro lado, en el Consejo de la Economía Nacional surgía la Sección de Defensa de la Producción Nacional, con el fin de acentuar el nacionalismo económico de cara a la industrialización. El Comité Regulador acabó centrándose en 23 sectores, en relación que se iniciaba con los «cementos» y la «destilación o refinación de combustibles líquidos», y que se concluía con la «elaboración de alcoholes, aguardientes y licores de todas clases». El R.D. de 7 de septiembre de 1929 instala la caperuza administrativa de todo esto: el Ministerio de Economía Nacional.

Dos notas más ahora. Una, que este conjunto corporativo, dijo Primo de Rivera, que era «idea personal» suya, y que, sobre todo, como señala la «Nota oficiosa» de 16 de octubre de 1925, él actuaba en vista de que «las dificultades del problema (económico nacional) están en la agitación creciente de la Gran Guerra, que puso en explotación ligeramente cuencas mineras, Bancos fastuosos, etc., y sin consistencia alguna». Y en una polémica añadió que el Comité Regulador de la Producción Industrial y el Consejo de la Economía Nacional, «aun con sus posibles errores, han acrecido, protegido y dado estabilidad a la riqueza pública». Su supresión hubiera originado, a su juicio, «tres o cuatro lustros de crisis», de los que «no sé si el país saldría con vitalidad para resurgir».

Es curioso observar que este talante de mezcla de intereses privados y públicos, con un corporativismo nacionalista como cúpula, se proyecta a las empresas. No voy a insistir en el tema de CAMPSA. Pero sí he de referirme a que la CTNE, o sea Telefónica, tiene un antecedente al que puede vincularse el aceptar una inversión extranjera ineludible por la alta tecnología que no es posible encontrar en la estructura económica nacional. Me refiero a lo señalado sobre el «Gobierno largo» Maura en relación con las condiciones del contrato con la Sociedad Española de Construcción Naval.

El final de todo esto fue la aparición, bajo la Dictadura, de lo que en el VI Congreso Internacional de Contabilidad, celebrado en Barcelona en 1929, se denominó el «Catálogo de Rafael Barea», en el que se recogen los «Organismos públicos autónomos y empresas de economía mixta», creados o mantenidos por los Gobiernos de Primo de Rivera. Se descomponía el citado «Catálogo» en 10 apartados y medio centenar de entidades. Incluían éstas, entre otras, al Patronato Nacional de Turismo, a las Confederaciones Sindicales Hidrográficas, al Consejo Nacional de Combustibles, a la Comisión Mixta del Nitrógeno, a la Comisaría Algodonera del Estado, al Consejo Superior Ferroviario, al Banco de Crédito Local, al Banco Exterior de España, a la Compañía Telefónica Nacional de España y a la CAMPSA.

La larga relación de consorcios y uniones, la casi innumerable lista de actuaciones sobre el mercado y la evidente intervención en el mundo salarial coronaban en 1930 lo que se había iniciado en 1907.

Surgen así las cuatro contradicciones fundamentales de la política económica de la Dictadura:

1) Deseaba ésta «ampliar el mercado interior», con sus secuelas de baratura y de mejora de los niveles de consumo. Las actuaciones oligopolísticas derivadas del modelo reseñado hundieron progresivamente este intento, y al final originaron una oposición política creciente al Gobierno en el mundo de los consumidores, sobre todo en las clases medias funcionariales y en los obreros, aunque es evidente, como muestra el cuadro 6, que la conflictividad social en la etapa de la Dictadura fue muy baja y los salarios reales suben, tal como muestra el cuadro 7.

2) Se trataba de alcanzar «el paraíso perdido de la vuelta a las paridades originales de la peseta». Pero al procurar solucionar la contradicción anterior con gasto público, éste por supuesto genera expansión, pero también caída en el cambio de la peseta. Cambó, y Cataluña —importadora de algodón para sus textiles—, el catalanismo —que se siente herido en el fuero, pero ahora, con esta carestía del algodón, también en el huevo—, inician con esto una fuerte campaña contra la Dictadura, que coexiste con el principio de la frialdad del Rey con el general Primo de Rivera.

3) Podría compensarse este gasto público con un aumento en la presión fiscal. Se busca «el equilibrio presupuestario» como eje de la política económica de la Dictadura. Pero, a partir de 1926, cuando triunfó la llamada «rebelión de los terratenientes», se aceptó de modo obligado el déficit presupuestario como única salida, con todas sus consecuencias.