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INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XIX, los recién fundados Estados latinoamericanos asumieron la cuestión social en sus respectivos países como una respuesta institucional a los problemas de pobreza, de salubridad y falta de educación que caracterizaron a la mayoría de sus pobladores. Las alternativas que asumieron los Estados para enfrentar “lo social” fueron distintas y dependían no solo de las condiciones políticas y económicas de cada país, sino del desarrollo mismo del Estado y sus instituciones, en el que se contaban las disputas y alianzas ideológicas, alrededor de los proyectos modernizadores.

No obstante las diferencias entre un país y otro, de modo general estas iniciativas se caracterizaron por crear instituciones públicas que se encargaron de los problemas sociales, lo que significó disponer de un mínimo personal para su dirección y administración, de un rubro de los ingresos del Estado dedicado a financiar la asistencia y la caridad, inicialmente, y después las correccionales y juzgados de menores, así como de la reglamentación de dichas iniciativas que definieron los parámetros sobre los cuales se debería llevar a cabo la intervención (a quiénes intervenir, a partir de qué tipo de acciones y con base en qué problemáticas o necesidades).

En lo que respecta a la sociedad colombiana, las instituciones encargadas de la beneficencia, la asistencia pública y la higiene fueron creadas por los gobiernos liberales de corte radical y quedaron adscritas a los Estados soberanos que conformaban los Estados Unidos de Colombia. Con la reforma del Estado que hizo la Constitución de 1866, dichas instituciones fueron vinculadas a los departamentos (como la Beneficencia a la Asamblea Departamental) y otros como la higiene, a una dirección nacional centralizada, que tuvo a nivel departamental y municipal sus respectivas oficinas. A partir de 1920, la asistencia va a estar ligada a la Dirección General de Higiene, permitiendo de esta forma integrar dos instituciones que hasta 1925 funcionaban de manera autónoma e independiente.

La creación de una legislación social y de instituciones vinculadas primero al Estado y luego a los departamentos, constituyó la base sobre la cual se erigió la política social del Estado en Colombia. Ambos procesos estuvieron liderados fundamentalmente por médicos, educadores y juristas, que no solo ocupaban cargos importantes en las instituciones del Estado, sino que además tuvieron un relevante papel en la descripción de los problemas sociales de la época y en la formulación de sus principales alternativas de solución.

Desde su fundación, fue evidente la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades de las instituciones de asistencia y de control. Tanto en el caso de la Beneficencia como en el de los Juzgados de Menores y sus establecimientos, las dificultades del Estado se expresan en dos niveles distintos: a nivel financiero, ambas instituciones tuvieron grandes problemas para los gastos de funcionamiento e incluso en algunos casos, se requirió del apoyo de donantes; y a nivel administrativo, las actividades de atención y de regulación de los niños recayeron principalmente sobre comunidades religiosas y no sobre profesionales expertos en el campo de la medicina y la pedagogía, tal como lo exigía la ley. Esto hizo que el Estado, en materia de política social, dada su debilidad económica y administrativa, estableciera arreglos institucionales (Guadarrama, 2011, p. 232) con otras instituciones públicas, organizaciones privadas y personas naturales, garantizando con ello la construcción de un régimen de protección1 fundamentalmente a partir de la década del veinte del siglo pasado.

A diferencia de otras instituciones de la administración pública, la gestión de lo social no solo fue uno de los principales mecanismos de intervención del Estado, sino uno de los más modernos2, pues a través de instituciones como la Beneficencia, la Policía, las escuelas públicas y la higiene se generaron formas de control y de regulación, sobre todo de la población más pobre en el país.

En el caso particular de la infancia, que es el escenario en el que se centra este estudio, los niños fueron beneficiarios de la acción estatal pública a través de los Hospicios y los asilos en instituciones públicas como la Beneficencia departamental y las instituciones de beneficencia privadas, pero también fueron sujetos de control y regulación en las escuelas, prisiones y casas correccionales.

La dinámica institucional desplegada es una expresión del modo en que fueron concebidos los niños en el periodo, los cuales eran definidos a la vez como sujetos de asistencia y caridad y de control y educación. La prensa de la época, al igual que los discursos médicos, pedagógicos y jurídicos en boga, dan cuenta de ambas imágenes sobre la niñez, de sus tensiones pero también de sus complementariedades.

El Estado, haciendo uso del monopolio de la violencia simbólica (Bourdieu, 1997) va a definir los contornos legítimos sobre los cuales se estructura el debate sobre la niñez en las sociedades colombianas de las primeras décadas del siglo XX3. Para ello, va a contribuir en dos aspectos: primero, a la construcción de un campo de discusión sobre los problemas relacionados con la niñez4 (dos de los problemas centrales de la niñez durante la década del veinte fueron la mortalidad infantil, relacionada con el problema del abandono, y la delincuencia; ambos constituyeron temas de debate político y social, pero sobre todo se convirtieron en materia de legislación), compuesta por instituciones públicas y privadas, la prensa y algunas personas interesadas y con conocimiento sobre el tema. Segundo, al establecimiento de un marco normativo que define las formas y los mecanismos de intervención sobre dichos grupos.

Esta investigación parte del presupuesto de que es justamente con la emergencia de la categoría social de la minoridad5 que se da un proceso de transformación de las concepciones que se tenían hasta ese momento de la niñez definiendo, en consecuencia, las estrategias para llevar a cabo los procesos de intervención sobre la infancia a partir de 1920, a través de instituciones públicas y privadas

Siguiendo las tesis de Zapiola (2007), la minoridad en este trabajo no se reduce al análisis del sistema jurídico-penal, que ha caracterizado, como lo refiere la autora argentina, la mayoría de los trabajos sobre la minoridad en el continente, sino que busca “dar cuenta de la heterogeneidad social, política, ideológica y profesional de los grupos que se sintieron interpelados por el problema de la minoridad […] y de la variedad de propuestas que se generaron para abordarlo” (p. 306).

En este estudio se hace un análisis de los principales discursos y referentes normativos que constituyeron el problema de la infancia entre 1900 y 1930 y se toman como casos dos de las principales estrategias de intervención del Estado orientadas hacia los niños en el periodo estudiado: las acciones adelantadas por la Beneficencia de Cundinamarca, particularmente el asilo de niños y niñas desamparados y el Hospicio de San Antonio, y los juzgados y correccionales de menores. Ambos constituyen dos instituciones de Estado orientadas a la protección de los niños y, por lo tanto, representan la forma en que el Estado colombiano define un conjunto de políticas específicas para abordar la problemática de la niñez en los inicios del siglo XX.

La identificación de los discursos y de las acciones ligadas a la minoridad y, en general, al problema de la infancia en el periodo estudiado, supuso una investigación de tipo documental que comprende la revisión de fondos de archivos, consulta de normas y de otros documentos como: la prensa escrita y artículos y textos especializados sobre el tema (como publicaciones de tesis y monografías) durante el periodo estudiado.

Las principales fuentes documentales utilizadas fueron:

•Biblioteca del Congreso de la República: Leyes, exposiciones de motivos.

•Biblioteca Luis Ángel Arango y Biblioteca Nacional: Documentos y memorias, prensa, tesis de grado en Derecho.

•Archivo de la Beneficencia de Cundinamarca.

El propósito de la recolección de la información fue describir los campos jurídicos y políticos en que surge la categoría social de la minoridad, así como las acciones desarrolladas por el Estado. Para ello se tuvieron en cuenta los agentes que participaron en dichos campos y sus respectivas prácticas, discursos y normas.

La configuración de los campos se propuso a partir de una contextualización del periodo histórico, especialmente del régimen político que orienta su conformación, es decir, la Regeneración.

LA INFANCIA Y SUS CONTORNOS CONCEPTUALES

Es indudable que a partir de las dos últimas décadas del siglo XX se viene dando una progresiva visibilización académica de la infancia y la niñez como categorías de pensamiento (de hecho se categoriza epistemológicamente como sociología de la infancia o antropología de la niñez)6, no afirmando con ello que exista una producción sistemática y ampliamente reconocida en los circuitos académicos, por lo menos del país. El conocimiento generado desde la infancia se presenta tanto en el campo teórico como metodológico, resultando de ello perspectivas multidimensionales que se establecen en lo que Pilotti (2001) denomina cuatro orientaciones analíticas7:

1.El niño como actor social, participante activo en las relaciones sociales. Tal participación se estudia a través de la noción “cultura grupal infantil”, pues se tiene en cuenta un principio de autonomía en los procesos de socialización infantil;

2.La infancia como categoría estructural, en tanto dimensión duradera y estructural de la sociedad moderna. Siendo estructural, es posible entender los cambios en formas de constituir la niñez (ser niña/niño) según macrocontextos socioeconómicos y políticos;

3.La relación entre ideología e infancia con el fin de entender las representaciones sociales de la infancia, sus estrategias de reproducción en ámbitos macrosociales, así como impactos que dichas representaciones tienen en las relaciones adulto-niño;

4.Las intervenciones sociales sobre la infancia, desde la relación tutelar que el Estado construye con los niños (a través de políticas y programas de protección y asistencia).

A partir de este mapa analítico puede afirmarse que esta investigación se inscribe tanto en la relación entre ideología e infancia como en las intervenciones sociales sobre la misma, pues justamente la minoridad emerge en las inflexiones entre las representaciones sociales y los dispositivos institucionales de contención (protección y asistencia) que se legitiman a partir de las primeras. En este caso, serían los discursos jurídicos y políticos sobre un tipo particular de infancia (los menores), los repertorios fundamentales para la gestión institucional de la minoridad.

En este orden, el inventario bibliográfico y documental posible tomó como eje tales inflexiones. De entrada, es pertinente afirmar que tal inventario muestra poca investigación o reflexión sobre la categoría minoridad tanto en ámbitos locales como internacionales, exceptuando Argentina y Brasil, donde las investigaciones se han hecho más visibles en las últimas décadas. Se puede referenciar el libro editado por Cosse et al. (2011), que recoge una serie de investigaciones tanto en Brasil como en Argentina, alrededor de las políticas e intervenciones sobre la infancia, durante los siglos XIX y XX. Igualmente, para Brasil se encuentran, por ejemplo, el libro editado por Pilotti y Rizzini (1995), el estudio de Vianna (1999), Rizzini (2011), Stagno (2009), Zapiola (2007, 2009, 2010a, 2010b), quienes han aportado conocimiento significativo sobre la construcción social de la minoridad en las primeras décadas del siglo XX, especialmente porque destacan las tensiones entre las condiciones deseadas/reglamentadas y las condiciones reales de los Estados para dar cuenta de la protección y asistencia (del control social) de los niños-menores.

Este aspecto incentivó nuestro interés por explorar un tema en las ciencias sociales que, creemos, contribuirá al conocimiento de la infancia en el país, en una trama jurídica y política que apostaba a la constitución de un Estado moderno.

En esta investigación se concibe la infancia como una categoría social que se inscribe en el campo jurídico colombiano como resultado de un conjunto de estrategias de “clasificación” que llevan a cabo diferentes actores: abogados, jueces, funcionarios del gobierno, políticos, médicos, pedagogos, etc., con el propósito de establecer una nueva definición de la infancia en la sociedad colombiana. Estas estrategias se tejen en las dinámicas institucionales de la tutela pública destinada a “proteger” la infancia pobre, abandonada y delincuente.

Lejos de ser un proceso “natural” —los menores en tanto grupo reconocido y clasificado como tal— es producto de un trabajo social de reagrupamiento que ha permitido integrar sujetos (los niños abandonados y delincuentes) alrededor de un núcleo central: los menores de edad. Desde esta perspectiva, la conformación de un grupo es indisociable “de un proceso de unificación simbólica que exigió el desarrollo de un trabajo de representación” (Bourdieu, 1990) en dos sentidos: la niñez delincuente y abandonada es dotada, como grupo, de representaciones mentales asociadas a su nombre y es también representada en la escena política por un conjunto de voceros que provienen de diferentes campos y disciplinas especializadas. De esta manera, cuando estos voceros (de la jurisprudencia y demás saberes) nominan al niño como menor, se produce un proceso de adscripción institucional a una “esencia social”, la cual Bourdieu (1985, p. 81) define como:

(…) el conjunto de esos atributos y de esas atribuciones sociales que produce el acto de institución como acto solemne de categorización que tiende a producir lo que designa. Así, el acto de institución es un acto de comunicación, pero de un tipo particular: significa a alguien su identidad, pero a la vez en el sentido de que la expresa y la impone expresándola frente a todos (…) notificándole así con autoridad lo que él es y lo que él tiene que ser.

Desde esta perspectiva, la minoridad es el resultado de un proceso de luchas (luchas por la clasificación) entre actores que, perteneciendo a diferentes campos, buscaron proponer una nueva división de la vida social en la que se incluyera al niño como un actor particular, diferente del adulto, con unas características y unas prerrogativas jurídicas y políticas especiales. Desde la “esencia social” contenida en la condición de minoridad, la vida de la infancia se conduce por esa clasificación, de la cual difícilmente se sale, pues estas luchas por la clasificación se configuran en “ritos de institución” (Bourdieu, 1985, p. 78), que al efectuar una “separación” entre los menores y los niños, consagra y legitima límites arbitrarios que terminan naturalizando su carácter cultural/construido.

Tal y como lo propone Boltanski (1982) en su investigación sobre “Les cadres” en Francia, la construcción de una tipología social es el resultado de la convergencia de múltiples discursos que cobran sentido en un contexto político e histórico determinado, que permite o posibilita la emergencia de una nueva categoría en la división social establecida.

Con el arribo de los conservadores al poder desde finales del siglo XIX, se propone una nueva reorganización de la vida en sociedad, en la que establecen nuevos principios desde los cuales pensar la sociedad colombiana: los valores morales católicos y el hispanismo; a partir de los cuales se regula y se da una nueva significación y tratamiento de la infancia. Esta vez ligada a la pobreza y a una cierta idea de la utilidad y la educación que hacen parte de los valores modernos que empieza a difundir el capitalismo.

En el siglo XX, la Regeneración dará continuidad a esta nueva forma de organización de la sociedad en la medida en que dicho proyecto “define la labor del Estado como la de proteger a los ciudadanos por medio del cuidado y la promoción de las buenas costumbres” (Arias y Fayad, 2004, p. 38).Dicho proceso de protección no se propone como una tarea exclusiva de los funcionarios de Estado sino que integra las organizaciones religiosas en una misión común: la formación de personas útiles para la sociedad.

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El presente trabajo está dividido en cinco partes. En la primera se plantea una introducción del estudio en la que se definen los contornos del problema; en la segunda parte se hace una breve referencia histórica al período estudiado; en la tercera parte se aborda la normatividad producida en torno a la infancia; en la cuarta parte se describen los principales discursos e instituciones encargadas de debatir el problema de la infancia entre 1900 y 1930; en la quinta parte se analizan dos instituciones: la Beneficencia de Cundinamarca y el Juzgado de Menores; finalmente, en las conclusiones, se propone un balance del trabajo realizado.

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1 La construcción de dicho régimen fue un proceso lento que solo logró consolidarse hasta 1920, gracias a los dineros que ingresaron a las arcas del Estado por la indemnización de Panamá y que se tradujo en una reestructuración y fortalecimiento de la administración pública. En este periodo la asistencia pública empieza a ser asumida de manera más clara como una responsabilidad del Estado, lo que les otorga a sus instituciones un importante papel no solo normativo sino financiero en la intervención de los problemas sociales del país. Esto definió también el rol desempeñado por el Estado en el ordenamiento simbólico de los discursos y las prácticas que desde diferentes ámbitos (pedagógicos, médicos, jurídicos, etc.) circularon sobre la infancia, contribuyendo de esta forma a establecer cierta lectura sobre los problemas sociales en el periodo estudiado.

2 Modernos en el sentido de que tanto la legislación promulgada como las formas de intervención propiamente dichas, estaban fundamentadas en los principales debates que sobre la educación y la higiene se estaban llevando a cabo en Europa y los Estados Unidos.

3 La construcción de la categoría de la minoridad a través de una ley, buscaba mediante el poder simbólico conferido al Estado, crear un nuevo ordenamiento de la manera en que se había abordado el problema de la niñez delincuente en el país. Dicha categoría, que se fundamenta en un contexto jurídico, al designar aquella población menor de edad, se inscribe de modo general en una transformación del modo de pensar la niñez y la infancia en Colombia.

4 “El Estado produce e inculca las estructuras cognitivas según las cuales el orden social es percibido, incorporado, en síntesis reconocido” (Lenoir, 2012, p. 121)

5 Se toman como punto de partida estas consideraciones históricas con miras a conocer los discursos, normas y prácticas (fundamentalmente jurídicas y educativas), que se ponen en juego durante 1900-1930, en la construcción de la categoría social de la infancia y la minoridad. Aunque fueron diversos los campos que forjaron una representación dominante de la minoridad en el país, se parte del peso sustancial del discurso jurídico que, a través de las lógicas y prácticas políticas, consiguieron consagrar en ese periodo de emergencia del Estado nacional, una categoría que trascendió su carácter civil (menores en tanto pertenecientes a ciertos grupos etarios) para redefinir en el orden socioeconómico y moral, lógicas de intervención institucional destinadas a la infancia de los sectores pobres del país.

6 Gaitán (2006, p. 50) afirma que el boom de los estudios sobre la infancia entre los sociólogos se ha venido alimentando de la presión ejercida por las agendas internacionales en materia de los derechos humanos, fundamentalmente desde la legitimación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989). Prueba de ello puede ser la dinámica académica que se vive por ejemplo en Brasil, a través de centros de estudio sobre la infancia y en general de una interesante producción investigativa en torno del tema. Este desarrollo académico se articula con el proceso político que acompañó la aprobación del Estatuto da Criança e do Adolescente en 1990 (Castrillón, 2005).

7 Orientaciones analíticas que según Rodríguez Pascual (2007, pp. 19-20) se desdoblan en ámbitos de aplicabilidad de la sociología de la infancia: por ejemplo, en la primera orientación analítica existe la posibilidad de estudiar cómo se fomenta la participación infantil en las sociedades; la segunda orientación incentiva el estudio y fortalecimiento de sistemas de información social sobre la infancia (como los indicadores).

CAPÍTULO 1

EL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO DE LA MINORIDAD

Entre 1886 y 1930 se llevó a cabo el periodo conocido en la historia colombiana como la Regeneración, época que contribuyó a sentar las bases políticas, económicas y sociales sobre las cuales se fundaron los principios jurídicos y morales que rigieron al país por más de cien años. Aunque la Regeneración no surge con la Constitución de 1886 sino con el fin de la guerra de 1876 a manos del general Julián Trujillo, que paradójicamente les dio el triunfo militar a los liberales y la victoria política a los conservadores a través de Rafael Núñez. La Constitución de 1886 constituyó el marco normativo sobre el cual se difundieron las ideas regeneradoras.

La Regeneración supuso un freno a las ideas radicales, sobre todo en materia de secularización; retomó, sin embargo, el interés del liberalismo de abrir el país al capitalismo mediante un impulso modernizador que buscaba, a la vez, generar una infraestructura física adecuada y la difusión de principios cívicos regidos por la moral cristiana. El resultado de este proceso fue la puesta en marcha de un proyecto de modernidad tradicional soportada en valores religiosos.

La religión se convirtió, como era lógico, en la amalgama del proyecto político y económico de la Regeneración, “Núñez, escéptico en estas materias, comprendió la función que podían jugar la ideología religiosa y el papel del clero como fuerza organizadora” (Tirado, 1981, p. 112).

Políticamente, la regeneración estuvo marcada por cuatro grandes acontecimientos: la promulgación de la Constitución de 1886, la Guerra de los Mil Días, la pérdida del istmo de Panamá y la incapacidad de los gobiernos conservadores de darle una salida política al conflicto y la protesta social.

A través de la Constitución de 1886, Colombia dejó de ser un país federalista para convertirse en centralista; se crearon las bases para un cogobierno con la Iglesia Católica y se le dio al ejecutivo importantes atribuciones políticas como el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema, la ampliación del periodo de mandato a seis años, etc.

El objetivo esencial era claro, se trataba de garantizar el orden del país y se confiaba que el orden se apoyaría sobre una serie de elementos básicos: la centralización radical del poder público, el fortalecimiento de los poderes del ejecutivo, el apoyo a la iglesia católica y la utilización de la religión como fuerza educativa y de control social. (Melo, 1989, p. 48)

Los gobiernos regeneradores tuvieron que enfrentar la oposición de un importante sector de la burguesía financiera y de caciques regionales. Ambos golpeados por las medidas generadas por la Constitución de 1886. Pero también la Regeneración tuvo que enfrentar la oposición de un liberalismo que no solo se hallaba marginado del poder y la burocracia sino las intenciones del conservatismo de convertirse en partido hegemónico.

Con la muerte de Rafael Núñez en 1894 se intensificó la oposición al régimen, que se tradujo en un intento de golpe de estado, que no prosperó y un levantamiento armado que culminó con la derrota de los generales liberales en 1895. Con la derrota infringida y la muerte de Núñez, Miguel Antonio Caro se consolidó en el poder, lo que generó una gran oposición en su propio partido, que para ese momento se encontraba dividido en dos grupos: los nacionalistas, que apoyaban de modo irrestricto la Regeneración, y los históricos, que propugnaban modificaciones al régimen.

En 1898 fue elegido presidente Manuel Antonio Sanclemente, que se posesionó el 3 de noviembre, después de un corto periodo de gobierno de su vicepresidente Manuel Marroquín. La negativa de Sanclemente ante las propuestas de reforma de históricos y liberales creó las condiciones para una nueva guerra civil, que inició en octubre de 1899 y terminó en 1902 con el rendimiento del ejército liberal. La Guerra de los Mil Días produjo más de cien mil muertos y dejó al país en bancarrota.

Terminada la guerra, en noviembre de 1903, en Panamá, una junta independiente, con el apoyo de los Estados Unidos, declaró la independencia del istmo de Colombia. Aunque los móviles cercanos del hecho se encuentran en el descontento de los panameños por la ruptura del tratado Herrán-Hay, que le daba al gobierno americano la concesión para la construcción del canal, la separación de Panamá constituía el quinto de cinco intentos que iniciaron fuerzas independentistas entre 1830, 1840 y 1860.

Además de la pérdida estratégica del istmo y la ruptura parcial de las relaciones con los Estados Unidos, la independencia de Panamá tuvo importantes consecuencias políticas para los conservadores, quienes, en cabeza del vicepresidente José Manuel Marroquín, no supieron defender los intereses colombianos.