El Rey y sus Vasallos. Una reinterpretación del Reformismo Borbónico y del Proyecto de Socorros de 1783

Sergio Bebin Cúneo

La presente investigación fue realizada en el marco de los estudios de Doctorado en la Facultad de Filosofía de la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn en Alemania, bajo el título: El problema de la integración socio-económica del indígena. El reformismo borbónico y el proyecto de socorros de 1783.

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© Sergio Bebin Cúneo, 2021

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ISBN: 9788413735818

Agradecimientos

Aunque seré breve en las siguientes líneas, deseo expresar mi profundo agradecimiento para todas estas personas e instituciones que han sido el soporte para la satisfactoria elaboración de mi tesis doctoral. Agradezco, entonces, a mis dos Doktormütter: la Dra. Karoline Noack y la Dra. Scarlett O’Phelan. Sus labores de guía, dirección y asesoramiento han sido cruciales en este proceso. Agradezco, también, al Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD), no solo por el financiamiento, sino por el acompañamiento durante esta muy grata experiencia en Alemania. En especial al Dr. Thomas Krüggeler y a Renate Flügel, del departamento de América Latina del KAAD, siempre muy atentos. A la Rheinische Friedrich-Wilhelms Universidad de Bonn, por haber aceptado y confiado en mi proyecto de investigación. Y al personal de las bibliotecas y archivos en Perú, España y Alemania por su muy amable atención. Por su puesto, deseo extender este agradecimiento a mis padres, familiares, colegas y amigos que me han ayudado y acompañado en esta magnífica aventura.

Índice

Introducción

El proyecto de Socorros tiene su origen en 1783, bajo iniciativa del gobierno borbónico y durante el establecimiento del sistema de Intendencias en los virreinatos del Perú y Río de la Plata1. La idea original consistió en una venta al crédito o habilitación de mulas, hierro e instrumentos de labranza, por parte de la Real Hacienda2 a la población indígena. A diferencia de los repartos3, estas mercancías fueron escogidas por ser de vital importancia, tanto para el trabajo y la vida diaria de los indígenas, como para el sostenimiento del comercio y la producción colonial (principalmente agrícola y minera). En términos de productividad, y acompañado de un discurso limitante de las capacidades del indígena, el Estado borbónico consideraba que los indígenas debían ser estimulados al trabajo e hispanizados bajo los “modos de vida europeos”: la búsqueda por generar un mayor consumo en el indígena y el reemplazo de elementos prehispánicos, como los camélidos y los instrumentos agrícolas de madera, por mulas y herramientas de hierro. Una idea que, apuntaba hacia el fortalecimiento del Estado, la expansión de la economía y el bienestar de todos los vasallos. En ese sentido, los socorros representaron un mecanismo borbónico para integrar a la población indígena en la economía y sociedad del siglo XVIII.

Los socorros a los indígenas es un tema poco explorado por la historiografía, por lo general, asociados a los repartos de mercancías, bajo escasos esfuerzos de diferenciación o contextualización. El empleo de ambos términos como sinónimos, incluye a los socorros dentro de la visión negativa de estas prácticas en las investigaciones históricas y etnohistóricas4 que, contrasta abruptamente con la fascinación y el prestigio del periodo borbónico5. A menudo, los reyes y ministros borbónicos se han presentado bajo un conjunto de características positivas: ilustrados, justos, preparados, enérgicos, capaces, quienes buscaban el progreso y la felicidad de todos los vasallos.

Por el contrario, la representación historiográfica de los sistemas de habilitación es diametralmente opuesta: El abuso, la corrupción, el atraso, la injusticia, lo obsoleto, lo arcaico, la malicia, la perversión, lo dañino, lo perjudicial, la abominación, la tiranía. Pues resulta que, los primeros plantearon y aprobaron lo segundo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo los “justos y modernos” borbónicos pudieron construir un sistema “injusto y arcaico” para sus vasallos? O los Borbones no fueron tan dotados de “luces” o el sistema no fue tan dañino como se ha supuesto. Esta gran contradicción historiográfica fue el punto de partida de mi investigación. En ese sentido, mi intención es la de analizar el proyecto de socorros bajo la lógica del reformismo borbónico.

Una primera hipótesis que he descartado, considera que los defensores de los repartos y socorros eran justamente aquellos representantes de la vieja y decaída “estructura colonial”, conformada por conservadores y antireformistas; mientras los detractores fueron los reformistas borbónicos, ilustrados y progresistas6. No obstante, las incongruencias entre estas asociaciones son tantas que los argumentos para defender tal hipótesis pierden solidez. ¿Bajo qué criterios se establece quien ha de pertenecer al reformismo borbónico? ¿La procedencia, la formación profesional, la edad, la duración en el cargo; o quizás las características de los proyectos o acciones de gobierno? ¿Toda reforma es progresista? ¿Cómo se define a un “conservador” en el Antiguo Régimen? Dudo mucho que exista un consenso historiográfico para dar respuesta a todas estas interrogantes.

A mi entender, esta interpretación, que encasilla los ministros en dos grandes grupos intelectuales, resulta una visión muy esquemática de la realidad socio-política del periodo borbónico. Metodológicamente, puede ser de gran utilidad cuando se intenta contrastar dos opiniones sobre las cuales ya el investigador se ha decantado por una de ellas como la “vía correcta”. En una etapa convulsa y de transformaciones como el reformismo borbónico, la “reforma” suele presentarse como la opción acertada7. Por el contrario, el que se opone a la “reforma” es denominado “conservador”. Sin embargo, si un periodo de reformas consiste en la continua búsqueda de mejoras de diversa índole; pues, en teoría, el conservador podría pasar a ser el reformista y viceversa. De ahí que, esta línea de interpretación necesita de una figura que represente en esencia el reformismo.

Queda claro que, esta figura que la historiografía ha elegido para el reformismo borbónico americano, es José de Gálvez8. El malagueño, nombrado Visitador General de la Nueva España en 1765 y luego secretario de Indias9 entre 1776 y 1787, ha sido representado con los ideales del periodo ilustrado: capaz, probo, inteligente, enérgico, hábil, astuto, etc. Por tanto, todo aquel que se oponía a Gálvez ha sido caracterizado como “conservador” en un sentido negativo. Así, por ejemplo, David Brading apuntaba, “gobernante hábil pero conservador” para referirse al virrey José María Bucareli, quien se opuso al proyecto de intendencias de Gálvez de 1768 (Brading 1975: 73). De similar modo, Alain Vieillard Baron había denominado como “conservadores” y “parásitos que vivían de sus defectos”, al bloque liderado por el marqués de San Juan de Piedras Albas, presidente del Consejo de Indias; quien, en 1768, puso en consideración los riesgos y deficiencias de implantar las intendencias en América según el proyecto de Gálvez (Vieillard 1949: 530).

Esta visión esquemática se observa claramente en uno de los postulados de Guillermo Céspedes del Castillo, quien atribuye a José Antonio de Areche, Visitador General del Perú en 1776 y brazo derecho de Gálvez, una mentalidad “renovadora”. Del otro lado, la visión “antagónica” del virrey peruano Manuel Guirior: “conservadora, adherida al mantenimiento de la vieja institución virreinal con todas sus prerrogativas” (Céspedes 1953: 334). Gálvez es tan representativo del reformismo borbónico que, para muchos investigadores, este periodo llega a su fin tras la muerte del malagueño, que coincide con la del rey Carlos III. Los sucesores de Gálvez (Floridablanca, Valdés, Porlier) a menudo han sido descritos como débiles, incapaces, conservadores y anti-reformistas (Brading 1975: 118, Fisher 1981: 74-75, Pietschmann 1991: 199-200, Fernández Alonso 1992: 156). Así mismo, la historiografía clásica ha descuidado el impulso del reformismo borbónico americano en la primera mitad del siglo XVIII. No obstante, nuevas investigaciones han apuntado a un cambio de perspectiva en el reformismo borbónico (Pearce 2014, Kuethe y Andrien 2018 [2014]).

Con respecto a los repartos y socorros, observo se ha producido un panorama similar. Personalidades como Gálvez y Areche fueron fuertes opositores de los sistemas de habilitación y, por tal motivo, investigadores como Alfredo Moreno Cebrián (1977, 2000) y Jürgen Golte (2016) han identificado la “reforma borbónica” en la supresión del “vil” sistema de repartos mercantiles (1780-1782). Entonces, qué sucede con los ministros que dieron origen al sistema de repartos en 1751, como el marqués de Ensenada, el conde de Superunda y el primer conde de Revillagigedo. ¿Eran, acaso, menos capaces, menos reformistas y menos “borbónicos” que Gálvez y Areche? Un simple repaso por sus trayectorias evidencia que persiguieron los objetivos de la política borbónica con la misma rectitud y capacidad que el malagueño.

Del mismo modo, Gálvez fue el principal responsable de que el proyecto de socorros no fuera puesto en práctica hacia 1785. Curiosamente su decisión de no innovar frente a un tema que necesitaba y exigía reforma, no lo coloca en los estudios históricos como “conservador” o “antireformista”. Y llama aún más la atención que, por el contrario, Jorge Escobedo y Alarcón, fuera el blanco de las críticas de algunos autores, pues se había convertido en el máximo impulsor del proyecto de socorros por esos años. Siguiendo esta interpretación esquemática de la historia, Stanley Stein define la mentalidad de Escobedo como “tradicional” y “poco reformista” y de “comportamiento equívoco” por presentar un proyecto que identifica como “neorreparto” y por los vínculos que tenía su familia en Andalucía (Stein 1982: 472)10.

Es probable que, Stein ignorase el conjunto de reformas y la inmensa labor y dedicación de Escobedo en servicio del Estado borbónico: oidor de la Real Audiencia de Charcas11, inspector del corregimiento de Potosí, logró la incorporación a la Corona del Banco de Rescates12 de la Villa minera, estableció una Academia de minería, organizó la defensa de Potosí durante la insurrección andina, luego nombrado alcalde del crimen y oidor de la Audiencia de Lima, y posteriormente, Visitador General, superintendente de la Real Hacienda del Perú e intendente de Ejército y de la Capital13, adaptó la ordenanza de intendencias al virreinato peruano, recortó los gastos superfluos, realizó cambios administrativos y colocó en las oficinas hombres de su confianza, redujo las deudas hacendísticas, actualizó el sistema de contabilidad, creó numerosos Bancos de Rescate, arregló el Juzgado de Lanzas y medias Anatas14, fomentó la extracción minera, realizó numerosas obras públicas (alumbramiento, empedramiento, canales, puentes, jardines); reformó el Tribunal de Cuentas15, la Casa de la Moneda16, los estancos17, los tributos18, las aduanas19 y las Cajas reales20 (Fernández Alonso 1991,1992). Además del proyecto de socorros de 1784, fue autor de un Reglamento para el Cabildo de Lima, de un Reglamento de policía y de un Discurso sobre el trabajo de minas (Moreno Cebrián 1977: 645). Ningún hombre de su tiempo dudaría en calificar a Escobedo como un hombre “ilustrado”, hábil, capaz y digno de admiración. Con todo aquello, ¿No cabría, si quiera, preguntarse si el proyecto de socorros fue un intento de reforma?

La segunda hipótesis, que me parece la más adecuada y que propongo en la presente investigación, admite algunas variaciones en cuanto al modo de pensar dentro del reformismo borbónico. Incluso, de la posibilidad de coexistencia de más de un reformismo (Navarro 1997: 21). En este caso, en lugar de prejuzgar los pareceres y acciones de los ministros de acuerdo a categorías de “conservadores” y “reformistas”, la idea es llegar a comprender los pros y contras de las decisiones del gobierno, y lograr explicar por qué ciertas políticas generaron debate y división dentro del reformismo borbónico. En ese sentido, no resulta adecuado asumir que toda decisión de Gálvez representó una única e indiscutible visión del Estado borbónico. Al fin y al cabo, el malagueño no fue ni el primer ni el último representante del reformismo. Ciertamente, cuando se le concedió la máxima autoridad en asuntos indianos, logró aplicar los principales proyectos que se encontraban en la agenda borbónica; pero, el modo y ciertos detalles de la aplicación, obedecieron en gran parte a su propio parecer, experiencia y discernimiento político.

Por ejemplo, el sistema de intendencias es considerada historiográficamente como la reforma americana más trascendental (junto con el Reglamento para el comercio libre) del periodo borbónico. La reforma fue aplicada a los virreinatos durante el tiempo en que Gálvez fue secretario de Indias: Río de la Plata en 1782, Perú en 1784 y Nueva España en 1786. Él mismo se encargó de redactar el modelo para las Ordenanzas de Intendentes en 1774 y dirigió su aplicación. No obstante, Gálvez no fue el autor del proyecto original. La intención de introducir intendencias en América data al menos desde 1746, cuando los virreyes del Perú y Nueva España fueron consultados. De hecho, en uno de los artículos de la instrucción de la Visita General de Nueva España en 1765, se encargaba a Gálvez que averiguase la conveniencia de establecer intendencias en dicho virreinato21.

El punto es que, mediante las Ordenanzas, el malagueño no solo introdujo las intendencias en América de acuerdo al plan borbónico, sino que, además, limitó el poder de los virreyes separándolos del cargo de Superintendentes de la Real Hacienda22, eliminó el sistema de repartos mercantiles y extinguió para siempre los corregimientos en los territorios americanos donde se aplicó la reforma. Pues, en realidad, estas tres medidas cobran mayor sentido dentro de la política personal de Gálvez más que dentro del reformismo borbónico. Los virreyes, que también eran autoridades borbónicas, se opusieron a la medida de la separación de sus funciones económicas, no porque fueran “conservadores” o “anti-reformistas”, sino porque era evidente que esta decisión iba en perjuicio de su autoridad, e incluso, de su prestigio, como estos apelaron. No es de extrañar que, tras la muerte de Gálvez, las superintendencias retornaran a los virreyes, por la simple razón de reducir conflictos y no porque los sucesores de Gálvez fueran “conservadores”23.

Así también, considero poco pertinente estudiar los proyectos de habilitación bajo categorías impuestas por los investigadores como “reformistas”, “tradicionales” o “conservadores”. Hace ya varios años, Alfredo Moreno Cebrián realizó un monumental trabajo sobre el sistema de repartos mercantiles (1977), el cual, hasta el día de hoy, es considerado la principal referencia sobre el tema. Según su interpretación, el discurso colonial de “la ociosidad de los indígenas” habría sido la razón fundamental de los proyectos de habilitación. Es así que, el autor recurre a una selección de documentos parcializados y propone una división de categorías que, encasilla a los defensores del sistema como “tradicionales” que apuntaban al ocio de los indígenas. Frente a ellos, aparecen los detractores del sistema como los “reformistas”, quienes niegan que los indígenas fueran ociosos.

Pues, fuentes documentales, omitidas por Moreno y que presento en mi trabajo, evidencian que esta asociación es completamente arbitraria y simplista. Un gran conjunto de autoridades coloniales que, en su momento, se opusieron a los repartos y socorros, mantuvieron el mismo discurso de la ociosidad y la capacidad limitada del indígena: Los informantes Jorge Juan y Antonio de Ulloa; José Antonio de Areche; Francisco de Paula Sanz, superintendente del Río de la Plata; Juan del Pino Manrique, intendente de Potosí; Juan José Segovia, teniente asesor de la Plata; entre otros. Todos ellos, considerados en su tiempo, y reafirmados por la historiografía, como hombres capaces, reformistas e ilustrados.

Por tanto, la división propuesta por Alfredo Moreno no me parece la adecuada. Tampoco el “ocio” puede considerarse como el principal factor impulsor de los proyectos de habilitación. De ser este el caso, pues todas las autoridades habrían sido “defensoras” y ninguna hubiera abogado por su abolición o rechazo. Por el contrario, las fuentes permiten observar que, si bien no había una diferenciación de pensamiento en cuanto al indígena, sí existió un conflicto de intereses entre ambos grupos (detractores y promotores de los socorros) y una intencionalidad en la utilización del discurso para reforzar sus posturas frente a la habilitación.

Cabe destacar que, el ocio fue una característica asociada a los indígenas desde la primera fase de colonización española y que formó parte de un gran conjunto de limitaciones que los colonizadores les otorgaron. De hecho, la concepción de los indígenas como seres salvajes, idólatras, ociosos y entregados a los vicios, justificó la labor civilizadora y evangelizadora que dio origen a las colonias americanas. Muchas de las imposiciones coloniales a los indígenas como el tributo, las mitas, los repartos y los servicios personales, aunque se establecieron por necesidades económicas, se reforzaron mediante la idea de que estos no podían “vivir en total libertad” y que necesitaban estímulos para trabajar.

Los sistemas de habilitación siguieron esta misma dinámica. El componente ideológico de las capacidades limitadas de los indígenas se encontraba presente, pero la razón de ser, fue esencialmente económica. Sistemas como los repartos y socorros, no solo se construyeron sobre la aparente ociosidad del indígena, sino sobre los problemas de abastecimiento de productos, la integración de los indígenas en la sociedad y economía colonial, la situación crediticia, la lucha por la mano de obra, la escasez de las valiosas mulas y otras mercaderías, la autosuficiencia, y la necesidad de aumentar las rentas estatales y de estimular la producción y el comercio colonial y peninsular. Solo analizando el tema en su completa dimensión es posible comprender por qué en ese contexto, se consideró necesario incluir, entre las obligaciones estatales de los indígenas, la adquisición de ciertas mercancías.

Ciertamente, los Borbones no lograron instalar el sistema de repartos como lo habían proyectado en 1751. Si bien, solucionó los problemas de abastecimiento y mano de obra, además de incentivar las actividades productivas y comerciales en distintas regiones de América; solo en el Perú pudo establecerse el arancel que reglamentaba el tipo, la cantidad y precio de las mercancías para cada provincia24. Este arancel que, debía actualizarse cada cierto tiempo de acuerdo a las necesidades regionales, no sufrió modificación. Tampoco los corregidores respetaron lo indicado por el arancel y repartieron a los indígenas, y demás habitantes, mayor cantidad de mercancías y a mayor precio, evadiendo los pagos de la alcabala (impuesto a las ventas). Los corregidores se coludieron con caciques, comerciantes, hacendados, obrajeros y jueces para realizar sus acciones ilícitas y quedar impunes. En Nueva España, los alcaldes mayores llevaron a cabo un similar procedimiento, con la salvedad que nunca quedaron bajo las normas de un arancel25.

Producto de estos abusos no sancionados, innumerables quejas llegaron a las más altas autoridades desde los sectores perjudicados: los indígenas representados por los protectores de indios, los caciques que debían asumir los pagos del reparto de sus respectivas comunidades y los curas doctrineros que pugnaban con los corregidores por el control de la mano de obra indígena y otros beneficios (O’Phelan 2012a: 142-156, 188-194). Esta representación de los perjuicios del reparto, en realidad, no estaba dirigida al sistema en sí, sino a los abusos cometidos por las autoridades provinciales que no solo rebasaban el arancel, sino que, maltrataban a los habitantes y confiscaban sus bienes. Sin embargo, velar por la seguridad y la protección de todos los vasallos era un deber del Estado. El sistema necesitaba reformarse. De este tipo de documentación, la mayoría de los investigadores del tema ha tomado las características negativas de los sistemas de habilitación, presentadas líneas arriba.

Finalmente, el sistema de repartos quedó abolido en el Perú tras las rebeliones andinas de Tomás Katari, Túpac Amaru y Túpac Katari. Luego, la medida fue ratificada y extendida a todas las colonias americanas mediante las Ordenanzas de Intendentes. La abolición supuso el retorno a la ilegalidad de las habilitaciones; no obstante, también puso fin a los beneficios y objetivos que obedecieron la creación del sistema tres décadas atrás. Los proyectos de socorros, entre ellos el de Escobedo, se presentaron como alternativa de reforma, intentando potenciar los beneficios y corregir las deficiencias del antiguo sistema. José de Gálvez puso sus reparos al proyecto, y este fue totalmente descartado, por orden real, en 1785. Sin ningún sistema de habilitación, la situación retornó a la etapa anterior a 1751: dificultades para hallar mano de obra, escasez de mulas y otras mercancías y, habilitaciones ilegales por medio de los subdelegados, comerciantes, curas, hacendados y funcionarios. La decisión del Estado, influenciada por el malagueño, fue no innovar y el asunto de los comercios ilegales quedó sin reforma. Y, curiosamente, Gálvez ha pasado a la historia como el máximo exponente del reformismo borbónico americano. ¡Qué ironía!

Siendo un tema desconocido por muchos, considero que el estudio de los socorros constituye una magnífica oportunidad para acercarnos a un mejor entendimiento del siglo XVIII hispanoamericano; pues, contrario a algunas interpretaciones historiográficas, permite observar el desarrollo de la política borbónica en relación a los indígenas. Es un tema que, además, trasciende el aspecto político monárquico, para ingresar a espacios económicos de producción, comercio, productividad, sistemas crediticios y mano de obra; espacios sociales de interacción entre comerciantes, indígenas, miembros eclesiásticos y autoridades coloniales; espacios legales de decretos, reglamentos y denuncias; y espacios culturales de discursos, adaptaciones y difusión de ideas. También, considero que esclarecer el tema de los socorros, contribuye y conecta dos tópicos de gran producción historiográfica: los estudios sobre las reformas borbónicas en América y los estudios sobre las rebeliones andinas de finales del siglo XVIII26. En ese sentido, propongo una nueva lectura de los sistemas de habilitación.

Explicado el enfoque y los objetivos de la investigación, es necesario señalar algunas consideraciones metodológicas. Aunque no sigo estrictamente los lineamientos de una escuela o corriente académica específica, la presente investigación se enmarca dentro de las exigencias de un trabajo histórico. La literatura empleada es de diversa procedencia, abarcando estudios desde la etnohistoria, los “estudios subalternos”, la historia política, social, económica, institucional, cultural, militar y del derecho; e incluso, desde la agronomía en relación a la introducción del ganado en la agricultura; y desde la biología con respecto a las características de las mulas. En esta búsqueda por una nueva interpretación de los sistemas de habilitación hago uso de distintas herramientas metodológicas: la contrastación de fuentes, el análisis del discurso, la confrontación de ideas, el análisis historiográfico y el empleo de recursos cuantitativos.

En cuanto a la terminología empleada, me parece pertinente señalar el uso del término indígena para designar a aquella población que aparece en las fuentes coloniales bajo el nombre de indios o naturales. En el tiempo de la dominación española estos términos, en teoría, referían a los habitantes “étnicamente” originarios de América, sin distinguir etnia, lengua o procedencia al interior de los territorios americanos. No obstante, su utilización en los documentos se circunscribe a una categoría legal/fiscal empleada para denominar a un grupo mayoritariamente campesino y ligado a obligaciones estatales como los tributos y las mitas. A estos se les llamaba indios o indios del común para distinguirlos de los indios nobles (élite o nobleza indígena). En el presente trabajo, el término indígena aparece con mayor frecuencia, pues es el empleado comúnmente por la historiografía; sin embargo, por fines didácticos y de una mejor lectura, en ciertos párrafos he colocado los términos indios del común o naturales como sinónimos y siguiendo la documentación de la época.

Como toda investigación de historia colonial, la recolección y análisis de fuentes de Archivo ha sido fundamental. La selección de documentos del Archivo General de Indias en Sevilla (AGI), recoge los proyectos y políticas borbónicas en los virreinatos del Perú, Nueva España y Río de la Plata: ordenanzas, decretos, instrucciones, reales cédulas, órdenes reales; redactadas por el rey de España y sus ministros, para su cabal cumplimiento en América. Estos se complementan con las solicitudes, los informes y la correspondencia entre las autoridades americanas (virreyes, visitadores, intendentes) y el secretario de Indias y demás autoridades peninsulares. La inspección en el Archivo General de la Nación en Lima (AGN) y los archivos regionales de Cusco, Arequipa y la Libertad (en Perú) ha permitido acceder a otro tipo de documentación: expedientes judiciales, denuncias de caciques e indígenas, quejas por repartos ilícitos, consultas e informes de los subdelegados, peticiones y solicitudes de habilitación, etc.

Principalmente, el proyecto de socorros de Jorge Escobedo y los informes de los intendentes del Río de la Plata han sido de gran valor para el análisis del tema. Estos contienen las posturas de los virreinatos (peruano y rioplatense, respectivamente) con respecto a los socorros. Sin embargo, corresponden a dos opiniones contrapuestas a favor y en contra de proceder con el plan de habilitación. Resulta sumamente interesante observar que tanto el virrey como los intendentes peruanos se alinearon con la visión de Escobedo, mientras que, las autoridades rioplatenses mostraron un rechazo al plan de socorros. El contenido del proyecto y los informes, la biografía de estos personajes, las argumentaciones, las incongruencias, los objetivos, las necesidades y los intereses político-económicos son temas de análisis en la presente investigación.

Por supuesto, las fuentes presentan ciertas limitaciones. Como consecuencia, no ha sido posible un mayor acercamiento a la acción de los indígenas frente al proyecto de socorros. Aunque no forma parte de los objetivos del presente trabajo, no deja de ser un tema interesante que podría ser tratado a futuro. Los informes de las autoridades coloniales con respecto a la pertinencia de los socorros carecen de una opinión escrita por parte de los grupos indígenas. Si bien, los documentos recogen aparentemente sus pareceres, son representados de modo general bajo el nombre de “indios”, sin hacer mención de procedencia, nombres propios o cargos dentro de la jerarquía de las comunidades; además de tornarse contradictorios. Por ejemplo, los informes de los intendentes del Río de la Plata reportaron haber consultado el tema de los socorros con sus subdelegados. La conclusión de estos informes es que no habían escuchado de ningún indígena que había solicitado los socorros, pero ¿estos fueron consultados? La información obtenida desde el Perú indica lo contrario. Las autoridades peruanas y algunos comerciantes, señalaban que los indígenas habían solicitado por sí mismos se les habilite, pues estaban necesitados de mulas y otras mercaderías. Pero, nuevamente, no se presentan testimonios de los propios indígenas. ¿Cómo estar seguros de que las peticiones de habilitación salieron de la propia boca de los indígenas? Entonces, se ingresa ya a un terreno de la especulación. No obstante, el asunto queda abierto y quizás nueva documentación y otros métodos permitan en un futuro tener una idea más clara de la opinión indígena frente a los socorros.

Por falta de tiempo y espacio, tampoco ha sido posible presentar la totalidad de temas vinculados con el reformismo borbónico y las medidas realizadas por el gobierno en cada uno de los territorios americanos. Este esfuerzo hubiera demandado la realización de varios tomos que permita atender a las particularidades. Por el contrario, he dado prioridad a aquellos territorios en donde la política borbónica estuvo acompañada de proyectos y sistemas de habilitación a los indígenas, tema central de la tesis: Nueva España, Río de la Plata y principalmente el Perú, cuyo superintendente fue el mayor impulsor del plan de socorros de acuerdo a las necesidades e intereses de este virreinato. La intención fue, desde un inicio, presentar un panorama general del reformismo borbónico, la conceptualización del término, los objetivos, las características y la cohesión de las medidas políticas en América, en especial, hacia la población indígena. Pretendo con el análisis de fuentes y confrontación de posturas, clarificar la estructura del reformismo en el cual se desarrollaron los proyectos de habilitación a los indígenas; pues considero que, estos últimos deben ser estudiados y comprendidos bajo su contexto histórico.

En un plano más general y de un modo más libre en estas últimas líneas, considero necesario reflexionar sobre como los investigadores hemos estructurado nuestra interpretación de los sucesos y procesos históricos. ¿Qué historia queremos ofrecer a nuestros lectores? ¿Una de reformistas y conservadores, de héroes y de villanos? O, una que se preocupe por atender los problemas de acuerdo a su realidad histórica. ¿Es el rol del historiador ser juez del pasado? A menudo se nos presenta la historia como un cuento de buenos y malos: los indios y los vaqueros en el oeste de Norteamérica, los aliados y las potencias del eje en la segunda guerra mundial, Juana de Arco y los invasores ingleses, la resistencia española y el ejército napoleónico, Túpac Amaru que lucha por los derechos de los indígenas y un gobierno virreinal corrupto y abusivo; solo por mencionar algunos ejemplos. Otras realidades, otros contextos, pero dentro de universos sumamente complejos que exigen análisis más profundos. Ciertamente estas imágenes, romantizadas por la literatura y el cine, han contribuido a la construcción de las historias nacionales que edifican lo “propio” en oposición al “otro”. En lo personal, considero que emitir juicios de valor no es tarea del historiador y de hacerse, creo que todo ser humano debería ser entendido desde su propio contexto histórico.

Con respecto a la historia colonial hispanoamericana, creo necesario alejarnos de la “leyenda negra” de la conquista y colonización española y de creer que todos los españoles llegados a América se dedicaron a robar, matar y esclavizar a los indígenas. Pero también, alejarnos de la “leyenda blanca” y creer que, con la política “ilustrada” de los Borbones terminaron los abusos y se logró el progreso y bienestar de todos los españoles y americanos. Son pues, dos imágenes distorsionadas de la historia, fruto de una interpretación simplista o intencionada de los hechos y procesos históricos, y de una visión esquemática que divide entre “los buenos y los malos”. En ocasiones, problematizar se convierte en el mejor camino para una mejor comprensión, en lugar de simplificar y creer ingenuamente que se puede llegar a conocer nuestro pasado bajo esquemas lineales y generales que no admitan variaciones y excepciones. Lejos de acercarse a la verdad, esta visión de la historia ha generado divisiones al interior de nuestras sociedades. Compatriotas, en pleno siglo XXI, aún reclaman que los “españoles” deben “devolver el oro que se robaron”. El tema de los socorros que trato en el presente trabajo, puede ser entendido como uno de muchos temas históricos que han sido estudiados desde perspectivas dicotómicas que impiden un completo entendimiento de los mismos.

En busca de una mejor organización, he dividido el trabajo en dos grandes bloques. El primero, no solo apunta a contextualizar el tiempo en el que se proyectaron y se ejecutaron los sistemas de habilitación, sino indaga y cuestiona la consistencia de las reformas borbónicas ¿Cómo podemos definir el reformismo borbónico? Este término ¿sugiere el desarrollo de una agenda política común, la realización cabal de las reformas proyectadas, o es un término inconsistente producto de una exaltación o invención historiográfica? El propósito de esta primera parte es analizar las principales continuidades y transformaciones del reformismo borbónico para lograr establecer el grado de relación entre el proyecto de socorros y los objetivos políticos de la monarquía borbónica. El segundo bloque ingresa de lleno a tratar los sistemas de habilitación. A partir del contexto histórico y de la agenda política, se busca comprender la razón de ser del sistema de repartos mercantiles en 1751 y del proyecto de socorros en 1783, los defectos y beneficios, los objetivos y las necesidades, la discusión sobre su pertinencia, y el papel desempeñado por tres de las figuras reconocidas del reformismo borbónico: el ministro José de Gálvez, el visitador Jorge Escobedo, y el superintendente Francisco de Paula Sanz.


1 Este nuevo sistema de administración supuso el fin de los corregidores y alcaldes mayores (máximas autoridades a nivel provincial) y su reemplazo por intendentes (con autoridad en una mayor dimensión geográfica) y subdelegados (que ocuparon los cargos dentro de los límites provinciales pero supeditados a los intendentes).

2 Máxima entidad fiscal del gobierno español.

3 El reparto o repartimiento de mercancías fue una práctica colonial por la cual, la población indígena (principalmente) adquiría ganado o productos variados a crédito, por parte de sus autoridades o empleadores. Por real cédula de 1751, se institucionalizó el reparto como una práctica legal, aunque reglamentada, que debía ser realizada únicamente por los corregidores y alcaldes mayores.

4 Esta visión negativa de la historiografía sobre los repartos de mercancías ha sido destacada por Jeremy Baskes y su revelador trabajo sobre el repartimiento en Oaxaca. “For their role in the repartimiento, the alcaldes mayores are most often portrayed as sadistic villains, the very embodiment of the Black Legend” (2000: 2).

5 Nombre con el que historiográficamente se denomina a la etapa de la historia de España gobernada por la casa de los Borbones a partir de inicios del siglo XVIII.

6 En esta línea de interpretación se encuentran los trabajos de renombrados investigadores como John Fisher 1971, David Brading 1975, Alfredo Moreno Cebrián 1977, Jürgen Golte 2016 (1980), Steve Stein 1981, entre otros. Así mismo, puede observarse la influencia de estos postulados en trabajos más recientes: Navarro Azcue y Ruigómez 1993, Stavig 1999: 120, Thomson 2002: 106, Marks 2004: 521, 542; Cajías 2005: 403-434, Guardino 2005: 96-101, Serulnikov 2006: 215-216, 249-253; Arrioja 2006: 75, 90; Martínez 2010: 76, Dueñas 2010: 60, 118-119; Gayol 2014: 50, Moreno Amador 2016: 31-32, Chocano 2020: 85-90.

7 Nótese que el término reforma da origen a como comúnmente se denomina este periodo.

8 Son pocos los estudios que han cuestionado la acción política de Gálvez. Cabe destacar el trabajo de Linda Salvucci (1983) que se centra en la etapa de Gálvez como Visitador General.

9 Máximo cargo ministerial en asuntos americanos.

10 Aunque esta interpretación había sido criticada por Jackes Barbier y Mark Burkholder, la “réplica” de Stein persiste en esta división entre reformistas y conservadores. “Such problems bedevil the colonial historian who tries to relate policy formation to the life patterns of policy-makers. The difficulties encountered in identifying individuals are compounded when considering group membership. Indeed, it is hard to see why Professor Stein presents some officials as conservatives and others as reformers” (Barbier y Burkholder 1982: 462).

11 Las Reales Audiencias eran las máximas entidades de administración de justicia a nivel regional o virreinal. Estas últimas eran presididas por los virreyes.

12 Entidad que otorgaba créditos para el fomento de la minería a cambio de la obtención de la plata extraída.

13 Véase el segundo subcapítulo del capítulo II.

14 Oficina de administración de justicia relativa a cargos públicos y títulos nobiliarios.

15 Oficina principal de contabilidad en asuntos fiscales.

16 Oficina principal de acuñación de monedas.

17 Monopolio estatal de la producción y distribución de ciertos bienes como el tabaco, la pólvora y los naipes.

18 Véase el tercer capítulo.

19 Oficinas estatales de control de mercancías.

20 Oficinas de administración del tesoro a nivel provincial o regional.

21 Véase el segundo subcapítulo del capítulo II, para más detalles.

22 Máximo cargo virreinal en materia fiscal-económica.

23 Sin embargo, gran parte de la historiografía considera esta medida como anti-reformista. Estos sucesos son explicados a detalle en el segundo capítulo.

24 Véase apéndice 4.

25 A diferencia del proyecto de socorros, la producción historiográfica sobre el sistema de repartos mercantiles es abundante. Para Nueva España, véase Arrioja 2006: 68-95; Baskes 1996, 2000, 2005; Hamnett 1971, Jiménez 2001: 133-157, Menegus 1989, 2000; Moreno Amador 2016: 27-39, Pastor 1985: 201-236. Para el espacio andino, véase Bebin 2016, Cajías 2005: 403-434, Golte 2016, Moreno Cebrián 1977, O’Phelan 2012a (1988): 131-194, Thomson 2002: 106-139.

26 Desde hace algunos años, las investigaciones sobre las insurrecciones andinas (Stern 1990, Thomson 2002, Serulnikov 2006) han insistido en colocar un mayor énfasis en el estudio de la organización interna de los movimientos: las diferenciaciones étnicas y regionales, la política de los líderes de las insurrecciones, el carácter ideológico y cultural, etc; sobre la base de la estructura colonial borbónica ya definida y estudiada por anteriores trabajos. Considero que, también, es importante realizar un cuestionamiento y una nueva lectura de la estructura colonial desde este tipo de estudios. En ese sentido, no comparto la visión de Leon Campbell (1990) que, incluso recomendaba desplazar el componente borbónico para ahondar en la concepción propia de los movimientos insurgentes del siglo XVIII.

Primera parte: El reformismo borbónico ¿Proyecto,
política o mito?

Historiográficamente hablando, el estudio del siglo XVIII español y de sus colonias puede resumirse en dos grandes términos o conceptos: El despotismo ilustrado27 (la política de gobierno) y el reformismo borbónico (el modo de emplear dicha política). La producción historiográfica que ha ocupado tales conceptos es impresionante: Desde obras generales de la política española del siglo XVIII, hasta trabajos sobre aspectos específicos de un determinado territorio, pero que hacen uso de estos conceptos para una adecuada contextualización; sea por interés político, social, económico, institucional, administrativo, jurídico o cultural. Además, el amplio dominio geográfico de una de las monarquías más poderosas de aquel entonces, ha motivado el interés de numerosos investigadores de diversas nacionalidades y especialidades.

El propósito de este primer bloque es discutir ciertos conceptos utilizados por la historiografía y plantear nuevas alternativas de interpretación de la política borbónica en América para determinar el nivel de estructura y cohesión del llamado reformismo borbónico. Este conjunto de aspectos de la política borbónica no solo permitirá desarrollar el marco contextual del Proyecto de Socorros de 1783, sino también establecer el grado de conexión entre los socorros y los objetivos generales del reformismo borbónico. En el primer capítulo, mi intención es destacar la continuidad de una agenda política desde el primer monarca borbón, Felipe V, hasta el reinado de Carlos III; y resaltar las principales reformas proyectadas y conseguidas en América, a pesar de los crecidos inconvenientes y la lentitud del proceso. En el segundo capítulo, el propósito es debatir sobre las críticas historiográficas al reformismo borbónico en América, tras las muertes del ministro José de Gálvez y de Carlos III, en 1787 y 1788, respectivamente.

Finalmente, el tercer capítulo explora la política borbónica dirigida a la población indígena americana incidiendo en instituciones, como el tributo y la mita, y sus transformaciones durante el siglo XVIII. La finalidad es analizar en qué medida el trabajo indígena estuvo alineado a un objetivo político-cultural del Estado borbón. Debo advertir, que ante la imposibilidad de ocupar cada una de las reformas en los distintos espacios coloniales de la monarquía española en el XVIII, me he limitado a tratar solo a aquellas de carácter general y a problematizar los aspectos principales del reformismo que considero de utilidad para el presente trabajo.


27 Algunos autores, como Josep Fontana (1988) y Pedro Ruiz Torres (2009), han cuestionado el término y destacado la contradicción del mismo. Según Ruiz “…ninguna persona considerada ilustrada hubiera dejado de manifestar su repugnancia por un gobierno arbitrario o despótico. Ni siquiera el propio soberano, fuera o no sensible a la Ilustración, se habría presentado a sí mismo como un déspota, por muy monarca absoluto que quisiera ser” (Ruiz 2009: 425).

I. La consistencia de las reformas borbónicas en América

El siglo XVIII en Europa es conocido como el siglo de las luces, por la influencia de la Ilustración en las ciencias y las artes. Un conocimiento basado en la razón y un deseo por trascender y alcanzar el progreso de la humanidad. El reconocimiento de estos hombres ilustrados identificados como “cultos e instruidos”, permitió su ingreso a la cúpula del poder en las naciones europeas. Fue, esta época también, conocida como el Absolutismo, bajo la creencia del origen divino del poder real y que, por tanto, el monarca quedaba fuera de las ataduras de las instituciones y las Cortes. Estos elementos se entremezclaron y dieron origen al Despotismo ilustrado como lo denominó la historiografía. Es decir, reyes absolutos pero influenciados por el movimiento ilustrado. Como resultado de esta influencia en la política, la monarquía española, además de aumentar el poder y caudal del Estado, buscó iluminar e instruir al pueblo, racionalizar la organización administrativa, aumentar el bienestar de los vasallos del rey y alcanzar el progreso de la nación, como fin máximo. De ahí que, la política borbónica necesitó poner en práctica un programa de reformas para la consecución de los objetivos trazados (Palacio 1947: 27-33, Ezquerra 1962: 162-163, Rees 1979: 15-29, Pietschmann 1996: 24-30, Paquette 2008: 6-9, Ruiz 2009: 426-441, Kuethe y Andrien 2018: 28-31).

Considero que la discusión debe partir del propio concepto del reformismo borbónico28. Al parecer, en la gran mayoría de las obras de esta producción notable, el concepto se sobreentiende. Bajo un análisis simplista, el término no alude más que a una transformación consciente por parte de los Borbones, casa gobernante de España a partir de 1700 y que, sucede al tiempo de los Habsburgo, quienes reinaron en España desde 1516. Sin embargo, este concepto deja muchos vacíos en cuanto a la periodización, consistencia y finalidad de las reformas. Durante un largo periodo historiográfico el carácter de las reformas permaneció inamovible, como un periodo de mejoría general que se oponía al tiempo crítico de los Habsburgo. No obstante, ya desde algunos años, las nuevas investigaciones han desarticulado el concepto en base a una crítica de los postulados, alcances y logros de las reformas en los siglos XVIII y XIX29.

Uno de los casos que, particularmente, encuentro muy interesante, es la propuesta del historiador británico, John Fisher. Su dedicación durante años al estudio del virreinato peruano del tiempo borbónico es incuestionable y prueba de ello es su amplia producción en torno al tema. Llama la atención, sin embargo, una postura poco homogénea frente a las reformas de los Borbones en sus numerosas obras. Fisher pasó de considerar un plan político de reformas como bien intencionado, pero poco exitoso (Fisher 1981), a incluso poner en duda la existencia de tal plan (Fisher 2006). Este cambio significativo de postura obedece, claro está, a veinte años de nuevas investigaciones, hallazgos y planteamientos30.

En relación a la introducción del sistema de intendencias al Perú en 1784, Fisher concluye que los logros iniciales alcanzados por el reformismo borbónico se fueron diluyendo a partir de la década de 1790, y pese a nuevos intentos de reforma por parte de la Corona, no se logró el objetivo deseado (Fisher 1981: 255-257). Sin embargo, su obra sobre el Perú borbónico, que agrupa mucha de la información trabajada en anteriores libros y artículos, ya evidencia un cambio de postura. El autor británico señala que, uno de sus propósitos es cuestionar el mito historiográfico de progreso y prosperidad que los Borbones introdujeron en la América del siglo XVIII (Fisher 2000: 33-34). Más adelante señala que, las nuevas tendencias historiográficas ven a las reformas borbónicas como “un proceso dubitativo, incierto e incompleto, cuyo único éxito fue darle a la América española el nivel de madurez y confianza necesario para su transición a la independencia”, concepto que Fisher parece subscribir (Fisher 2000: 64).

Para el año 2006, no queda ninguna duda que el autor niega que el reformismo borbónico sea “un proceso coherente, decisivo, bien pensado y, sobre todo, exitoso”; y, en cambio, considera que es un “invento historiográfico” iniciado desde el elogio del conde de Floridablanca al rey Carlos III en 17885, y continuado por tantos otros que estudiaron y estudian el periodo: “…si es todavía legítimo hablar de un programa, éste debe entenderse como una ópera (o, mejor dicho, una zarzuela) con muchos y largos intervalos entre un acto y otro” (Fisher 2006: 151). Fisher se basa en la discontinuidad de los procesos, la lentitud de las decisiones, las contradicciones en la política y la incongruencia de las razones que llevaron a los reyes Borbones a “reformar”.